En un anuncio que busca proyectarse como una solución innovadora, el alcalde de Tacna, Pascual Guisa, ha propuesto la instalación de una planta desaladora de agua para atender las necesidades de la región. Sin embargo, detrás de esta aparente medida progresista, surge una interrogante crítica: ¿qué se está haciendo para regular el uso indiscriminado del agua dulce por parte de las mineras?
Tacna, una región históricamente afectada por la escasez hídrica, ha visto cómo las empresas mineras explotan recursos acuíferos con un mínimo de fiscalización. Mientras los agricultores y ciudadanos enfrentan restricciones y costos elevados, estas compañías continúan utilizando agua dulce sin ninguna regulación estricta ni retribución justa para la comunidad.
La propuesta del alcalde podría interpretarse como un intento por desviar la atención de este problema de fondo. Si bien la desalación es una tecnología viable, su implementación es costosa, lenta y requiere un marco técnico y financiero sólido, algo que el municipio aún no ha detallado con claridad. Más preocupante aún es que esta solución no aborda el problema de raíz: el uso desmedido y descontrolado de los recursos hídricos por parte de las industrias extractivas.
Los tacneños no necesitan anuncios vistosos ni proyectos que beneficien más a las empresas que a la población. Necesitan acciones concretas:
- Fiscalización real de las concesiones de agua dulce otorgadas a las mineras.
- Transparencia en los acuerdos entre el gobierno local y las empresas extractivas.
- Compensaciones justas por parte de estas empresas a la región por el uso de sus recursos naturales.
Es momento de que nuestras autoridades prioricen el bienestar de la ciudadanía y no los intereses de los grandes capitales. La planta desaladora puede ser una alternativa a largo plazo, pero no puede convertirse en una excusa para ignorar el saqueo actual del agua dulce.
La voz del pueblo es clara: primero, justicia hídrica; luego, soluciones técnicas.