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El caso Guillermo Bermejo: entre justicia, política y el equilibrio democrático en el Perú

Redacción de Visión Macrosur

El fallo judicial de hoy día condenó al congresista peruano Guillermo Bermejo a quince años de prisión por el delito de afiliación terrorista. ha reabierto un debate central en la vida pública del país: ¿dónde termina la justicia y dónde empieza la política? La resolución judicial, emitida en octubre de 2025, llega en un momento de alta sensibilidad nacional, cuando el parlamentario se perfilaba como posible candidato presidencial con proyección en sectores populares del sur andino.

De acuerdo con el tribunal, Bermejo habría mantenido vínculos con miembros de Sendero Luminoso a fines de la década de 2000. La Sala consideró acreditada una afiliación “consciente y voluntaria”, sustentada en testimonios de colaboradores eficaces e informes de inteligencia. No se le atribuyen atentados ni participación directa en actos violentos.

Sin embargo, la defensa insiste en que no existen pruebas materiales que confirmen su participación en dichas actividades y que la sentencia se basa en testimonios de terceros que carecen de corroboración objetiva. Bermejo había sido absuelto en dos ocasiones previas —en 2021 y 2022—, por los mismos hechos, debido precisamente a la falta de evidencia fehaciente.

El contexto político en que se dicta la condena ha generado múltiples interpretaciones. Hasta antes del fallo, Bermejo era mencionado por analistas y encuestas como una de las figuras de izquierda con mayor proyección electoral de cara a 2026, especialmente en regiones del sur y del VRAEM. Su estilo combativo, su discurso nacionalista y su capacidad de articulación con movimientos sociales lo colocaban como un potencial competidor en una eventual segunda vuelta.

Desde el plano jurídico, especialistas en derecho penal señalan que el caso ilustra las dificultades de aplicar la legislación antiterrorista vigente en el Perú —el Decreto Ley N.º 25475—, que permite sancionar la “afiliación” a organizaciones terroristas aun sin actos violentos comprobados. Este marco legal, heredado de los años noventa, ha sido objeto de debate sobre su compatibilidad con los estándares actuales de debido proceso y carga probatoria.

Mientras tanto, los sectores políticos han reaccionado de manera previsible. Los partidos conservadores destacaron la sentencia como una señal de firmeza institucional frente al extremismo, mientras que agrupaciones de izquierda y organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por lo que consideran un posible uso político del sistema judicial.

La inmunidad parlamentaria de Bermejo impide su detención inmediata, aunque el proceso judicial continuará. En el Congreso, la discusión sobre si debe levantarse dicha protección anticipa un nuevo episodio de polarización.

Una mirada más allá del Perú

El caso Bermejo no es un hecho aislado. En distintos países de América Latina, la intersección entre poder judicial y disputa política ha generado controversias similares. Procesos por corrupción en Brasil, sedición en Bolivia, o financiamiento irregular en Ecuador y Argentina han alimentado la discusión sobre la judicialización de la política y, en sentido inverso, la politización de la justicia.

En todos estos contextos, se repite una tensión estructural: cómo garantizar que la rendición de cuentas no se transforme en exclusión política, y que la justicia actúe con independencia real frente a las presiones del poder o del electorado.

Un desafío persistente

Más allá del desenlace judicial, el caso Bermejo plantea preguntas de fondo sobre el sistema democrático peruano. ¿Cómo preservar la confianza en las instituciones cuando los procesos de alta connotación política coinciden con momentos electorales decisivos? ¿De qué manera puede el país asegurar una justicia firme contra el terrorismo sin comprometer el principio de imparcialidad judicial?

En los próximos meses, la apelación y los debates en el Congreso marcarán el rumbo del proceso. Mientras tanto, el caso ya se ha convertido en un punto de inflexión que trasciende a su protagonista y que vuelve a colocar al Perú —una vez más— en el centro del debate regional sobre justicia, política y democracia.

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