Por Visión MacroSur
La política peruana vuelve a colocarse frente al espejo de sus propias fragilidades. El caso de la presunta inscripción ilegal del partido Podemos Perú no solo ha levantado una densa nube de sospechas sobre la agrupación fundada por José Luna Gálvez; también ha vuelto a desnudar la precariedad de los mecanismos de fiscalización electoral y la permeabilidad de nuestras instituciones frente a redes de poder.
La Fiscalía sostiene que detrás de la inscripción del partido operó una organización criminal destinada a capturar organismos clave como la ONPE y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. La tesis del Ministerio Público es tajante: se manipuló el proceso de verificación de firmas, se nombraron funcionarios afines en puestos estratégicos y se movilizaron recursos privados —incluida la universidad Telesup— para garantizar la inscripción express del partido.
Para el ciudadano de a pie, este caso podría parecer “más de lo mismo”. Pero no lo es. Estamos ante una presunta intervención directa en entidades electorales, es decir, en los mismos órganos encargados de custodiar la transparencia del sistema democrático. Si estas acusaciones se confirman en juicio, no estaríamos solo ante un caso de falsificación de firmas, sino ante un golpe estructural a la confianza pública en el andamiaje electoral.
Sin embargo, mientras la Fiscalía avanza con pedidos de más de 20 años de prisión para los dirigentes involucrados, el panorama legal presenta un contrapeso inesperado: un marco normativo incapaz —o poco dispuesto— a sancionar a los partidos como entidades jurídicas. La reciente legislación aprobada por el Congreso limita las posibilidades de disolver un partido por hechos delictivos cometidos por sus dirigentes. En otras palabras, incluso si se prueba que hubo delitos en la inscripción de Podemos Perú, la ley actual no facilita la cancelación de dicho partido.
Esto abre un debate incómodo pero inevitable:
¿puede el Perú aspirar a un sistema político limpio si la ley protege a las organizaciones, incluso cuando se demuestra que nacieron torcidas?
El Jurado Nacional de Elecciones ha advertido estas grietas y propone reformas profundas, entre ellas la responsabilidad penal directa de los partidos políticos y la posibilidad de cancelar su personería jurídica en casos de fraude documental. Pero el Congreso, con su siempre oportuno olfato de autoprotección, mantiene ese debate entrampado.
Mientras tanto, la ciudadanía contempla, una vez más, cómo las disputas legales avanzan más lento que la erosión de la confianza pública.
El caso de Podemos Perú no debería verse como un episodio aislado, sino como un síntoma: la política peruana sigue atrapada en un círculo donde los incentivos para jugar limpio son escasos y donde la ley, en más de un punto, parece escrita para defender al poder antes que a la democracia.
La pregunta final es sencilla, aunque su respuesta no lo sea:
¿tolerará el sistema político peruano que un partido presuntamente nacido bajo prácticas fraudulentas continúe operando como si nada hubiera ocurrido?
En esa respuesta —o en la ausencia de ella— se juega mucho más que la suerte de una agrupación. Se juega la posibilidad de que el Perú vuelva a creer en sus propias reglas.