Redacción Visión Macrosur – Informe Especial
En un país donde la desconfianza hacia la clase política toca fondo, el Congreso de la República vuelve a estar en el centro de la polémica. Este diciembre, cada parlamentario recibirá S/ 46,900, cifra que incluye sueldo, gratificación, bonos y una tarjeta electrónica navideña valorizada en S/ 1,900, en un contexto en el que la aprobación del Legislativo bordea entre el 3% y el 0%, según diversas encuestas nacionales.
Un paquete económico que genera indignación
De acuerdo con documentos institucionales y reportes de prensa, el monto total que percibirá cada congresista se compone de:
-
Sueldo mensual: S/ 15,600
-
Gratificación por Navidad: S/ 15,600
-
Bono por función congresal: S/ 11,000
-
Asignación por semana de representación: S/ 2,800
-
Tarjeta electrónica de consumo: S/ 1,900
El Congreso adquirirá alrededor de 4,500 tarjetas, lo que representa un gasto estatal que supera los S/ 8.5 millones.
Mientras tanto, miles de familias en el sur del país siguen enfrentando inflación, informalidad laboral y recortes presupuestales que afectan sectores clave como agricultura, obras viales y servicios básicos.
Reacciones en el sur: “Que ganen bien, pero que trabajen bien”
En regiones como Arequipa, Puno, Cusco y Tacna, la noticia ha caído especialmente mal. Dirigentes sociales consultados por Visión Macrosur consideran que no se trata solo del monto, sino del desnivel entre los beneficios del Parlamento y la percepción ciudadana de su desempeño.
“Si tuvieran 40, 50 o 60% de aprobación, nadie diría nada. El problema es que legislan poco, se pelean mucho y encima cobran como si el país estuviera en bonanza”, comenta un representante de una federación barrial en Tacna.
En Puno, donde la tensión entre el Estado y la población sigue latente desde 2023, varios ciudadanos consideran que los beneficios navideños son una “provocación” en pleno contexto de austeridad y recesión económica.
Defensa institucional: “Son acuerdos colectivos vigentes”
Desde algunas bancadas, la postura es clara: los pagos se realizan en cumplimiento del convenio colectivo firmado con el sindicato de trabajadores del Congreso y vigente hasta 2025. Según esta versión, el Parlamento no estaría otorgando “privilegios especiales”, sino beneficios laborales que ya forman parte de su estructura interna.
Sin embargo, especialistas en administración pública advierten que, aunque los convenios colectivos sean legales, no siempre reflejan criterios de eficiencia, austeridad o legitimidad pública.
El trasfondo político: un Congreso desconectado del país
Los últimos sondeos señalan que el Congreso es hoy la institución más rechazada del Perú. Para analistas consultados, la raíz del problema no es el salario en sí, sino la brecha entre lo que recibe y lo que entrega.
Mientras el Parlamento acumula investigaciones éticas, pugnas internas y decisiones controvertidas, la ciudadanía siente que paga caro por un servicio que no recibe.
¿Habrá reforma?
Aunque algunos congresistas han declarado que “evaluarán devolver la tarjeta” de S/ 1,900, no existe hasta ahora una propuesta clara para modificar los beneficios o revisar el convenio colectivo.
De cara al 2026, la presión social —especialmente en las regiones del sur— podría empujar a una revisión más profunda del régimen de dietas, bonos y gratificaciones parlamentarias. Pero por ahora, lo cierto es que este será un diciembre generoso para el Congreso y amargo para su imagen pública.