Por Redacción Visión Macrosur
Lima, 21 de octubre de 2025
El Gobierno del presidente José Jerí declaró este martes el estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao, como respuesta inmediata al incremento de la criminalidad en la capital peruana. La medida, aprobada en Consejo de Ministros, permitirá la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar el orden interno.
Sin embargo, expertos advierten que esta decisión, aunque urgente, no será suficiente para revertir la ola delictiva que afecta al país. La declaratoria, señalan, puede contener la violencia en el corto plazo, pero no resuelve las causas estructurales que alimentan al crimen organizado.
Una respuesta temporal ante un problema estructural
Durante el estado de emergencia se restringirán derechos como la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, lo que permitirá operativos policiales y militares en zonas de alta incidencia delictiva.
No obstante, analistas en seguridad indican que el despliegue de tropas y patrullas no alcanza para desarticular redes criminales complejas, que operan con planificación, financiamiento y conexiones institucionales.
“El estado de emergencia puede reducir robos o extorsiones visibles, pero no destruye el núcleo del crimen organizado. Estas bandas se adaptan, esperan y vuelven a operar”, explicó a Visión Macrosur un especialista en seguridad ciudadana.
Crimen organizado con estructura y poder económico
Las bandas delictivas que operan en el Perú —como el Tren de Aragua, Los Injertos del Norte o Los Gallegos— planifican cada golpe con inteligencia previa, estudian sus objetivos, infiltran instituciones y lavan dinero mediante empresas fachada.
Su poder no radica solo en la violencia, sino en la capacidad económica y logística que les permite sostener operaciones criminales y corromper funcionarios.
Por eso, expertos sostienen que la verdadera lucha debe centrarse en inteligencia, investigación financiera, control penitenciario y cooperación internacional, no únicamente en el uso de la fuerza.
Un Congreso cuestionado por debilitar la lucha anticrimen
Mientras el Ejecutivo busca respuestas inmediatas, crece la preocupación por el papel del Congreso de la República, que en los últimos meses ha aprobado normas que, según fiscales y juristas, han debilitado las herramientas legales contra el crimen organizado.
Entre ellas figuran modificaciones a la colaboración eficaz, que dificultan que los testigos cooperen; y cambios en la tipificación del lavado de activos, que complican la persecución del dinero ilícito.
Asimismo, los intentos por reducir la autonomía del Ministerio Público y frenar investigaciones sensibles son vistos como retrocesos que favorecen la impunidad.
Hacia una estrategia integral de Estado
Los especialistas coinciden: el estado de emergencia debe ser solo el inicio de una estrategia integral, que combine inteligencia criminal, investigación patrimonial, reforma policial, control carcelario y políticas sociales de prevención.
Sin estas medidas, el país corre el riesgo de militarizar las calles sin resolver la raíz del problema.
La lucha contra la criminalidad requiere, además, que el Congreso revise las normas que hoy obstaculizan la acción del Ministerio Público y la Policía. Sin un marco legal sólido, ninguna medida de fuerza será sostenible.
Un desafío que trasciende la coyuntura
Con más de 3,000 homicidios y 8,000 denuncias por extorsión en el último año, el Perú enfrenta un desafío de Estado que va más allá de un decreto temporal.
El estado de emergencia puede devolver por un momento la sensación de control, pero sin inteligencia, coordinación institucional y reformas profundas, la delincuencia organizada seguirá avanzando.
Visión Macrosur
Periodismo con enfoque regional y mirada estratégica del sur del Perú.