El Tribunal Constitucional del Perú (TC) emitió el pasado 19 de agosto un fallo que pasará a la historia por su impacto político y jurídico: ordenó la suspensión inmediata de todas las investigaciones fiscales y judiciales contra la presidenta Dina Boluarte hasta que concluya su mandato, previsto para el 28 de julio de 2026.
La resolución responde a una demanda competencial presentada por el Ejecutivo, que alegaba que el Ministerio Público estaba afectando el ejercicio de la Presidencia al mantener abiertas indagaciones contra Boluarte. El TC acogió el argumento y se amparó en el artículo 117 de la Constitución, que solo permite acusar a un jefe de Estado en funciones por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de lo permitido o evitar el funcionamiento de los organismos electorales.
En consecuencia, el Tribunal Constitucional ordenó paralizar todas las pesquisas en curso, incluyendo las que ya habían avanzado con citaciones, diligencias y recopilación de pruebas. Si bien el fallo admite que podrían realizarse actuaciones preliminares, la esencia de la decisión es clara: ningún proceso penal o judicial contra Boluarte podrá continuar hasta que deje el cargo.
Casos congelados
El fallo afecta investigaciones emblemáticas como:
-
El Rolexgate: por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar lujosos relojes y joyas.
-
El caso del “cofre presidencial”: por el manejo irregular de obsequios y bienes de alto valor.
-
Las muertes en las protestas sociales de 2022 y 2023: donde se investiga la presunta responsabilidad de Boluarte por ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.
-
Procesos vinculados a presunto financiamiento ilícito y uso irregular de recursos estatales.
Todos estos expedientes quedan en el congelador hasta el 2026.
Polémica y riesgo de impunidad
Si bien el fallo es presentado por sectores oficialistas como una defensa de la “institucionalidad presidencial”, lo cierto es que abre una amplia brecha para la impunidad. El mensaje que transmite el TC es que un presidente puede ser investigado, pero nunca mientras gobierna, aun cuando existan indicios graves de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Críticos sostienen que esta decisión convierte al mandatario en una figura intocable, blindada más allá de lo razonable, y erosiona el principio de igualdad ante la ley. Al mismo tiempo, debilita la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, que quedan atados de manos hasta que culmine el periodo presidencial.
La resolución se suma a una preocupante tendencia en la que los altos funcionarios buscan refugiarse en tecnicismos legales para evadir la justicia, retrasando procesos que podrían prescribir o perder fuerza con el paso del tiempo.
Un fallo con repercusiones políticas
En términos políticos, el fallo fortalece la posición de Dina Boluarte, quien enfrenta una fuerte crisis de legitimidad desde que asumió el cargo. Sin embargo, también incrementa la tensión con la oposición y con sectores sociales que ven en esta decisión una confirmación de que el sistema judicial y constitucional opera como un escudo de las élites de poder.
La ciudadanía, que demanda justicia por los más de 70 muertos en las protestas, percibe este fallo como una burla y como un ejemplo más de la desconexión entre las instituciones y la población.
📌 En conclusión, el Tribunal Constitucional no solo ha blindado a Dina Boluarte: ha sentado un precedente peligroso que debilita la fiscalización al más alto nivel y consolida la percepción de que en el Perú la justicia no alcanza a los poderosos mientras esten en el poder.