Para Visión Macrosur
En los últimos años, un fenómeno ha cobrado fuerza en los tribunales peruanos: el control difuso de la ley, una figura jurídica que otorga a los jueces la capacidad de inaplicar una norma que consideran inconstitucional, sin necesidad de que sea declarada expresamente por el Tribunal Constitucional. En un país que ha vivido décadas de violaciones a los derechos humanos y aún se encuentra inmerso en el proceso de justicia transicional, el caso de la Ley de Amnistía ha sido uno de los principales focos de conflicto y debate.
La Ley N.º 32107, aprobada en 2025, exime de responsabilidad penal a algunos de los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000. Una ley que ha sido rechazada por organizaciones de derechos humanos y que, incluso, ha sido confrontada en los tribunales por jueces como Richard Concepción Carhuancho, quien ha tomado una postura clara al ejercer el control difuso y evitar que la norma se aplique en casos específicos.
El Juez Carhuancho: Pionero del Control Difuso
El juez Carhuancho, reconocido por su labor en casos emblemáticos, ha sido uno de los primeros magistrados en aplicar esta doctrina. En 2025, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó la aplicación de la Ley de Amnistía a un caso relacionado con desapariciones forzadas en Ayacucho. Carhuancho argumentó que la norma vulneraba tratados internacionales ratificados por Perú, que prohíben la impunidad en crímenes de lesa humanidad.
Su decisión se enmarca en la facultad que le otorga la Constitución peruana para inaplicar leyes que consideren contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. En este caso, el magistrado consideró que la Ley de Amnistía violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de Roma, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Otras Decisiones Judiciales: El Control Difuso en Acción
El juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, también se sumó a esta postura. En su resolución de 2025, Ayala rechazó la aplicación de la Ley de Amnistía en un caso relacionado con torturas a comuneros de Cusco y Apurímac. El juez, al igual que Carhuancho, citó el derecho internacional y las normas constitucionales, afirmando que la ley no podía aplicarse porque era incompatible con el derecho a la verdad y la justicia.
Otro caso relevante es el del juez Jorge Chávez Tamariz, quien, al igual que sus colegas, optó por no aplicar la Ley de Amnistía en un proceso por desaparición forzada. Este fallo reitera la tendencia creciente de los jueces peruanos de priorizar los derechos humanos sobre normas nacionales que podrían contribuir a la impunidad de los responsables de violaciones graves.
El Respaldo Internacional y el Desafío Local
El Tribunal Constitucional de Perú ha tenido una postura ambigua ante estos fallos. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al exigir que el Estado peruano garantice justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. En varios informes, la Corte ha instado a la no aplicación de leyes de amnistía que favorezcan a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
En este contexto, la acción de los jueces, al inaplicar la Ley de Amnistía, se alinea con el mandato internacional de garantizar la justicia y evitar la impunidad. El control difuso ha servido como un mecanismo de protección de derechos humanos, al permitir que las víctimas accedan a la justicia, la verdad y la reparación.
La Polémica: ¿Es Prevaricato o una Decisión Constitucional?
No obstante, las decisiones judiciales en torno a la Ley de Amnistía han generado controversia. Algunos sectores han cuestionado si los jueces que inaplican la ley están usurpando funciones del Tribunal Constitucional, mientras que otros defienden la aplicación del control difuso como una herramienta válida para garantizar los derechos fundamentales.
El magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse ha respaldado el control difuso, señalando que los jueces tienen la plena potestad de inaplicar una ley cuando consideran que su aplicación violaría principios constitucionales. Sin embargo, también destacó que, una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie, los jueces deberán acatar su fallo.
Conclusión: El Futuro de la Ley de Amnistía en Perú
La Ley de Amnistía sigue siendo un tema de debate en Perú. Si bien el control difuso ha permitido que muchos jueces rechacen su aplicación en casos de violaciones graves a los derechos humanos, aún falta una resolución definitiva del Tribunal Constitucional para establecer si la ley es compatible con la Constitución y los tratados internacionales. Mientras tanto, la justicia transicional en Perú sigue enfrentando desafíos, y el trabajo de jueces como Carhuancho, Ayala y Tamariz demuestra que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia continúa siendo una prioridad para aquellos comprometidos con la defensa de los derechos humanos.