El conflicto minero en el sur del país se ha convertido en una amenaza estructural para el Estado de derecho. ¿Protesta legítima o captura territorial encubierta?
Por: Redacción Visión MacroSur
Fecha: Julio 13, 2025
[MacroSur] – Más de una década después de su creación, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha pasado de ser una esperanza de transición a la legalidad, a convertirse en una trinchera para la minería informal e ilegal. Con más de 85 000 mineros inscritos y solo unos 2 000 formalizados, los números revelan un proceso estancado y usado como escudo legal para seguir operando al margen de la ley.
Hoy, este sector no solo contamina el medio ambiente con el uso indiscriminado de mercurio, sino que también bloquea carreteras, desabastece regiones enteras y presiona al Congreso con fuerza política creciente. La situación, más que un conflicto sectorial, desnuda las debilidades estructurales del Estado peruano.
Protestas que paralizan el sur
Desde inicios de julio, miles de mineros informales han bloqueado puntos clave de la Red Vial Nacional en Tacna, Arequipa, Puno, Cusco y La Libertad, exigiendo la ampliación indefinida del REINFO y el cese de operativos contra la minería ilegal.
Las consecuencias son inmediatas: Tacna comienza a quedarse sin alimentos ni combustible, mientras hospitales denuncian falta de oxígeno medicinal. Transportistas, escolares y pequeños comerciantes son los principales afectados.
Y aunque los dirigentes aseguran que su lucha es «por la formalización», lo cierto es que más del 95 % de los inscritos en el REINFO no cumple ni un solo requisito técnico ni ambiental, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
El derecho a protestar… ¿o a delinquir?
El bloqueo de carreteras está tipificado como delito en el artículo 283 del Código Penal, con penas de hasta seis años de prisión. Sin embargo, hasta ahora, el Estado no ha tomado acciones firmes para restaurar el libre tránsito, por temor a una escalada violenta y presión mediática.
“El derecho a la protesta no incluye violar derechos de terceros ni tomar al país como rehén”, sostiene el constitucionalista Juan Carlos Ruiz. “Aquí estamos frente a un delito que debe ser sancionado”.
La larga sombra del oro ilegal en el Congreso
Los vínculos entre minería informal y poder político son cada vez más evidentes. Un informe de Ojo Público reveló que al menos 14 dirigentes de minería informal están afiliados a partidos con representación parlamentaria, como Renovación Popular, Perú Libre, Podemos Perú y APP.
Además, más de 158 visitas al Congreso fueron registradas entre septiembre y noviembre de 2024 por líderes mineros, durante el debate para extender el REINFO. Legisladores como Alejandro Muñante, Eduardo Salhuana y Jaime Apolaya han respaldado públicamente a este sector, promoviendo leyes que debilitan la fiscalización ambiental y legal.
El exministro de Economía, Ismael Benavides, alertó que la minería ilegal movió en 2024 más de 7 500 millones de dólares en oro informal, lo que permite financiar ilegalmente campañas políticas con facilidad.
No es la primera vez: en 2011, el excongresista Amado Romero “Comeoro” fue acusado de recibir pagos en oro por parte de mineros ilegales de Madre de Dios.
El costo de la permisividad
El daño va más allá de lo económico o político: zonas como Madre de Dios, Pataz o Puno viven una situación de virtual “Estado paralelo”, donde mafias controlan territorios, recursos, comercio y hasta justicia local. En algunos casos, el narcotráfico, la trata y la minería ilegal operan como redes interconectadas.
¿Y ahora qué?
Los expertos coinciden: el REINFO debe cerrarse, pero no sin una política nacional de formalización realista, diferenciada y territorializada. Esto implica:
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Programas técnicos y legales de acompañamiento.
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Reconversión laboral en zonas de exclusión minera.
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Financiamiento controlado para adquirir tecnología limpia.
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Acción firme contra operadores ilegales reincidentes.
Conclusión
La minería informal dejó de ser un problema ambiental aislado. Hoy es una estructura paralela con influencia económica, territorial y política. Permitir su expansión mediante bloqueos o leyes a medida sería un suicidio institucional.
El Estado tiene dos caminos: retomar el control del territorio y la legalidad, o ceder ante un nuevo poder fáctico que no respeta reglas, ni vidas, ni nación.