Tacna.. Un contrato por más de seis millones de soles firmado por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, para la instalación de un sistema de videovigilancia, ha encendido las alarmas tras ser observado hasta en ocho oportunidades por la Contraloría General de la República. ¿El dato político? La empresa favorecida está directamente vinculada a afiliados del partido Podemos Perú, en una historia que va desde el Rímac hasta el sur del país, dejando una estela de irregularidades, conexiones partidarias y cámaras que no graban nada.
📸 CÁMARAS, CABLES Y CONTRADICCIONES
El consorcio liderado por la empresa Asivtel, cuyo rostro visible es Katherine Menéndez, recibió el millonario contrato para dotar de tecnología de videovigilancia a Ciudad Nueva. Sin embargo, la Contraloría detectó lo siguiente:
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Cámaras que no funcionan.
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Postes más bajos de lo que indicaba el contrato (solo 7 metros en vez de 10).
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Cables expuestos en el centro de control.
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Equipos no coincidentes con los ofrecidos en el expediente.
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Falta de personal capacitado para operar la central.
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Procedimientos técnicos omitidos y deficiencias en operatividad.
En resumen: un sistema deficiente, caro e incompleto.
🧩 RED POLÍTICA QUE LLEGA HASTA EL RÍMAC
Detrás del contrato hay algo más que errores técnicos: hay vínculos políticos evidentes. La representante de Asivtel es esposa del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, también de Podemos. Y para sorpresa de nadie, el contrato se protocolizó en la notaría de ese distrito limeño.
El alcalde de Ciudad Nueva, Walter Cardoza, también de Podemos, niega conocer a De la Rosa, pero los lazos familiares, partidarios y notariales lo contradicen. Las coincidencias resultan poco creíbles para los ciudadanos, que siguen esperando mejoras en seguridad, no contratos para los amigos del partido.
📑 ¿RESPONSABLES? ¿SANCIONES? ¿DEVOLUCIONES? NADA.
Pese a las observaciones, el consorcio Asivtel dijo haber “corregido” las fallas, sin mostrar ningún informe técnico que lo respalde. El alcalde Cardoza, por su parte, simplemente afirmó que todo “está solucionado”. Pero los documentos no aparecen. La Contraloría no ha informado de sanciones ni se han transparentado medidas correctivas reales.
🧠 ¿UNA EMPRESA CON HISTORIAL CUESTIONADO?
Asivtel ya fue inhabilitada en 14 ocasiones por el Tribunal de Contrataciones del Estado en años anteriores. En 2022 fue transferida a la hermana de la actual titular. Hoy vuelve al ruedo con dinero público, aunque con resultados decepcionantes.
📣 VISIÓN MACROSUR EXIGE TRANSPARENCIA
Desde este medio exigimos que la Contraloría publique los informes finales y que la Municipalidad de Ciudad Nueva responda:
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¿Dónde están las correcciones?
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¿Por qué se eligió a una empresa con antecedentes negativos?
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¿Qué acciones tomará frente al posible direccionamiento político del contrato?
Porque la seguridad no debe ser negocio de nadie. Y porque el dinero del pueblo no puede seguir cayendo en los bolsillos de los allegados al poder.