La resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el pasado 13 de junio, que anula la destitución de Patricia Benavides y ordena su reposición como fiscal suprema y Fiscal de la Nación, ha generado un profundo debate jurídico e institucional en el país. Sin embargo, más allá de la controversia, hay un hecho ineludible: el mandato de Benavides como Fiscal de la Nación culmina este 21 de junio de 2025, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público.
📅 Su periodo como titular ya concluye
Benavides fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos el 21 de junio de 2022. Según la ley vigente, el cargo de Fiscal de la Nación tiene una duración de tres años, por lo que su mandato natural termina esta misma semana. En ese sentido, su reposición tendría un efecto puramente simbólico y sin aplicación práctica real, salvo que se pretenda extender su vigencia como fiscal suprema.
⚖️ Cuestionamientos legales a la resolución
Varios especialistas en derecho constitucional han advertido que la resolución de la JNJ podría ser nula, ya que no habría contado con el quórum ni la unanimidad exigidos por ley. El miembro Francisco Távara se abstuvo de votar, y según la Ley del Procedimiento Administrativo General, la nulidad de una sanción firme como la destitución de Benavides requiere la unanimidad de todos los miembros del órgano colegiado.
Por ello, se espera que el caso sea revisado por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, que deberán pronunciarse sobre la legalidad del proceso.
👩⚖️ ¿Qué debe hacer la Junta de Fiscales Supremos?
Frente a este escenario, varios actores institucionales consideran que la Junta de Fiscales Supremos (JFS) debería tomar las siguientes decisiones:
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Reconocer oficialmente que el mandato de Benavides concluye el 21 de junio de 2025.
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Designar a un nuevo Fiscal de la Nación, garantizando transparencia e institucionalidad.
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Mantener la continuidad del Ministerio Público, alejándolo de conflictos políticos o personales.
🔍 Las investigaciones deben continuar
Más allá del aspecto administrativo, Patricia Benavides sigue bajo investigación fiscal por presuntos delitos como organización criminal, tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento. Estas investigaciones deben seguir su curso con independencia, caiga quien caiga.
📌 Conclusión
El caso Benavides es una prueba de fuego para las instituciones del país. Resolverlo correctamente no solo implica respetar los plazos legales y la Constitución, sino también enviar un mensaje claro: la justicia no debe servir a intereses personales ni políticos, sino a la verdad y al país.