Un reciente informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Ite ha revelado una preocupante situación: el municipio viene ejecutando actividades en las playas Meca y Arena Blanca, zonas contaminadas con metales pesados según reportes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio N.º 005-2025-OCI/2639-SOO, ambas playas presentan niveles alarmantes de cobre e hierro, que superan ampliamente los límites recomendados para suelos de uso público, lo que representa un serio riesgo para la salud de las personas.
A pesar de las restricciones impuestas por la autoridad ambiental —que incluyen señalización, prohibición de acceso y cercos perimetrales—, la municipalidad llevó a cabo ferias ambientales, capacitaciones y actividades recreativas, promoviendo indirectamente la asistencia de escolares, pobladores y veraneantes foráneos a dichas zonas contaminadas.
Estas actividades forman parte del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de la gestión integral de residuos sólidos del distrito de Ite”, con un presupuesto total de más de 6 millones de soles, de los cuales más de 2 millones están destinados al componente de equipamiento y capacitación ambiental.
El informe detalla que el componente educativo del proyecto incluye ferias como la “Reciclatón” y capacitaciones ambientales que fueron ejecutadas directamente en las playas Meca y Arena Blanca, pese a que la OEFA ya había identificado desde 2022 la presencia de residuos mineros tóxicos provenientes de antiguos relaves de las minas Toquepala y Cuajone.
La Contraloría advierte que esta situación no solo contraviene las disposiciones ambientales vigentes, sino que además expone a la población a enfermedades respiratorias por la inhalación de partículas contaminantes y representa un uso inadecuado de fondos públicos.
Ante ello, el OCI ha solicitado a la municipalidad tomar medidas preventivas y correctivas inmediatas, y comunicar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Las autoridades locales aún no se han pronunciado públicamente sobre el contenido del informe.
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