El Ministerio Público en el Perú vuelve a colocarse en el ojo de la tormenta. Años después de la renuncia de Pedro Chávarry en 2019, acusado de encubrir las investigaciones del caso Odebrecht, la institución enfrenta nuevamente cuestionamientos con la llegada de Tomás Aladino Gálvez Villegas como Fiscal de la Nación interino.
En enero de 2019, Chávarry dejó el cargo tras el escándalo por el ingreso irregular a una oficina lacrada, de donde se retiró documentación clave vinculada al caso Lava Jato. La presión ciudadana y política fue tan fuerte que terminó renunciando, aunque siempre negó delitos. Desde entonces, quedó marcado como un símbolo de la impunidad y de las redes de poder que buscaban silenciar la verdad en el país.
Hoy, en 2025, la figura de Tomás Gálvez genera un eco de aquellas tensiones. El nuevo Fiscal de la Nación interino ha confirmado que evalúa remover a Rafael Vela y José Domingo Pérez, fiscales emblemáticos del Equipo Especial Lava Jato, quienes desde hace años lideran las investigaciones de corrupción que involucran a expresidentes, exministros y poderosos empresarios.
La posibilidad de apartar a estos fiscales despierta serias preocupaciones. Analistas advierten que un movimiento de este tipo no solo debilitaría los avances logrados en la lucha contra la corrupción, sino que también podría interpretarse como un intento de interferencia política directa en el Ministerio Público.
Cabe recordar que Gálvez no está exento de cuestionamientos. Su nombre apareció en investigaciones relacionadas con los denominados “Cuellos Blancos del Puerto”, aunque él siempre negó haber sido parte de esta red judicial. Pese a ello, su ascenso al cargo interino lo coloca en una posición clave en un momento decisivo para la justicia peruana.
El país se encuentra, entonces, ante una encrucijada: ¿permitirá la Fiscalía que se repita la historia de 2019, cuando la institución fue debilitada por maniobras internas? ¿O se reafirmará en la independencia que exige la ciudadanía para combatir la corrupción sin importar quién caiga?
La lección de Pedro Chávarry aún está fresca en la memoria colectiva. El Perú no puede darse el lujo de que la justicia vuelva a ser rehén de intereses políticos.