Se ha alcanzado un avance significativo en la mejora de las condiciones de vida de más de 2 millones de familias en el país gracias a la aprobación de esta norma, que busca brindarles una sólida seguridad jurídica sobre sus viviendas. Este marco legal les abrirá puertas para acceder a créditos hipotecarios y servicios básicos de calidad, consolidando así su derecho a una vivienda digna.
La Comisión de Vivienda y Construcción, en un esfuerzo integral por combatir la problemática de la informalidad predial que afecta a miles de ciudadanos en el país, aprobó por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley N.º 7121/2023-CR y otros. Esta propuesta, impulsada por la congresista Esmeralda Limachi, representante de la región de Tacna, marca un hito en la lucha por la formalización de predios urbanos. Con ella, se plantean medidas concretas que faciliten a las familias acceder a la titularidad legal de terrenos estatales destinados para vivienda, cubriendo así una necesidad histórica en las zonas urbanas del país.
El proyecto también establece procedimientos claros para aquellos casos donde existen procesos judiciales pendientes. En estos casos, se otorga tanto a los propietarios como a la procuraduría de COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) la facultad de desistir de demandas judiciales, en beneficio de la formalización de los predios. Esta medida representa un avance para resolver disputas de larga data y permite que las familias accedan de manera definitiva y rápida a la legalización de sus terrenos.
La congresista Limachi ha destacado que esta iniciativa de su autoría es un paso trascendental hacia la justicia social. «Con esta propuesta, contribuiremos a la formalización de la propiedad informal en todo el país, en beneficio de los ciudadanos que durante años han esperado una solución a esta problemática», afirmó. Entre las disposiciones del proyecto se incluye también la extensión del plazo para reconocer la posesión de terrenos hasta el 31 de diciembre de 2021, abarcando predios con procesos judiciales y otras situaciones legales.
Con este marco legislativo, se espera no solo reducir la informalidad, sino también mejorar de manera significativa la calidad de vida de las familias beneficiadas, facilitando el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento, esenciales para su desarrollo y bienestar. La ejecución de estas medidas recaerá en los Gobiernos Regionales y Locales, quienes tendrán un rol fundamental en su implementación a través de convenios con COFOPRI, asegurando que el derecho a una vivienda digna sea una realidad accesible para todos los peruanos.
Esta propuesta se enmarca en un esfuerzo por reducir la inequidad y fortalecer la cohesión social, generando condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo en las comunidades urbanas más vulnerables. A través de esta ley, se busca que las familias puedan construir un futuro seguro y estable, donde sus viviendas no solo representen un hogar, sino también una inversión y un patrimonio seguro para sus generaciones futuras.