Challapalca, Tacna. En una visita inopinada al Establecimiento Penitenciario de Challapalca, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad en dicho penal. Estuvo acompañado por el presidente encargado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Marlon Florentini, y un equipo técnico especializado.
Durante la inspección, el ministro verificó el funcionamiento del Centro de Monitoreo y Control, que opera con tecnología de videovigilancia e inteligencia artificial. “Estamos constatando que todo funcione adecuadamente y evaluando mejoras para reforzar la labor de los agentes penitenciarios”, declaró Alcántara.
Se informó que las cámaras de seguridad se encuentran operativas, aunque también se detectaron deficiencias que deberán ser subsanadas con urgencia. En relación con los equipos de Rayos X y Body Scan, el ministro señaló que se exigirá a la empresa contratista el cumplimiento estricto de los términos acordados, advirtiendo posibles acciones legales si se incumplen.

Entrega de equipos: respuesta a una deuda pendiente
Como parte de compromisos asumidos en abril de 2025, cuando Alcántara se desempeñaba como viceministro, el Ministerio de Justicia entregó recientemente dos lavadoras, dos secadoras, 100 frazadas de micropolar y 20 calefactores al personal del penal. Estos recursos, gestionados a través del INPE, buscan mejorar las condiciones laborales de los agentes que trabajan en condiciones extremas, a más de 5,000 m s. n. m.
No obstante, sectores del propio personal penitenciario han señalado que estas entregas, si bien necesarias, resultan tardías y limitadas frente a las múltiples carencias estructurales del penal de Challapalca, como la falta de mantenimiento permanente, deficiencias logísticas y el aislamiento geográfico que dificulta la atención oportuna a emergencias.
Operativos de control y crítica al enfoque punitivo
La supervisión incluyó una revisión de tres pabellones del penal y se enmarcó en una política de fortalecimiento del principio de autoridad. Asimismo, la noche anterior se ejecutó una requisa en el penal de Tacna, con incautación de objetos prohibidos por parte del Grupo de Operaciones Especiales del INPE.
Aunque el Ministerio de Justicia sostiene que estas acciones reflejan un compromiso con el orden y el control penitenciario, diversas organizaciones de derechos humanos han criticado lo que consideran un enfoque predominantemente punitivo, que prioriza el control y la represión por encima de políticas efectivas de rehabilitación y resocialización.
Un contexto de desconfianza ciudadana
La visita ministerial se produce en medio de una creciente desconfianza ciudadana hacia el Ejecutivo, tras varios escándalos de gestión y una percepción generalizada de ineficiencia en el aparato estatal. Si bien el gobierno busca mostrar resultados en el sistema penitenciario, analistas advierten que estas acciones puntuales no compensan la falta de una política integral y sostenida en materia de justicia, derechos humanos y seguridad penitenciaria.
La situación del penal de Challapalca —emblemático por su lejanía, sus condiciones extremas y la recurrente vulneración de derechos básicos— continúa siendo un símbolo de las deudas históricas del Estado peruano con el sistema carcelario y con su personal operativo.
