En una acción injustificable el desequilibrado Royer Cáceres Vilca asesino de 16 cuchilladasa a un indefenso perrito este acto de crueldad solo fue sancionado con el pago de 20 mil 600 soles por ocasionar la muerte del can «Rambo» en la asociación de vivienda Nuevo Amanecer en el centro poblado Augusto B. Leguía. La multa impuesta por la Subgerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de Tacna se suma una denuncia penal en cumplimiento de la ley 30407 de protección y bienestar animal.
En un lamentable y espeluznante acto de crueldad animal, un hombre desequilibrado apuñaló 16 veces a un perro, provocándole la muerte instantánea. El caso, que ha sacudido a la opinión pública y generado indignación en las redes sociales, ha dado un nuevo golpe a la ya cuestionada justicia peruana. En un fallo que ha dejado atónita a la sociedad, el agresor ha recibido solo una multa de 20 mil soles, una sanción considerada ampliamente insuficiente y que no parece reflejar la gravedad del delito cometido.
La indignación no solo radica en la naturaleza del crimen, sino en la respuesta judicial que siguió. A pesar de las pruebas abrumadoras, el agresor fue simplemente multado con 20 mil soles, lo que muchos consideran una sanción irrisoria. En un país donde el maltrato animal es castigado con penas de cárcel, esta decisión ha dejado en evidencia una preocupante laguna en la aplicación efectiva de las leyes.
¿Dónde está la justicia?
En el Perú matar un animal doméstico recibe una condena hasta de cinco años de prisión efectiva a quienes asesinan a animales domésticos, pero sin embargo ese sujeto sigue libre solo se la impuesta una multa, debería estar a buen recaudo en la cárcel.
Este fallo no solo cuestiona la capacidad de la justicia para actuar de forma contundente ante la violencia hacia los animales, sino que también refleja un problema estructural: la falta de consideración hacia los delitos contra los seres vivos que no pueden defenderse. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales y ciudadanos comunes han exigido que el caso se revise y que se impongan penas más severas, que incluyan no solo sanciones económicas, sino también medidas que garanticen que el agresor reciba atención psicológica, así como una prohibición total de interactuar con animales en el futuro.
Muchos expertos han señalado que la violencia hacia los animales es un claro indicador de problemas mentales y emocionales que podrían escalar a otros tipos de violencia, incluyendo ataques hacia personas. Ignorar este tipo de comportamientos no solo pone en riesgo a los animales, sino a la sociedad en su conjunto.
Mientras tanto, el asesino de sigue caminando libre, sin mayores consecuencias que una sanción económica. Un hecho que subraya la urgente necesidad de una justicia más comprometida, que no solo proteja a los humanos, sino también a aquellos seres vulnerables que dependen de nosotros para su seguridad y bienestar.