Tacna, 15 de mayo de 2025 — Mientras la presidenta Dina Boluarte empaca sus maletas rumbo al Vaticano para asistir a la asunción del nuevo papa León XIV, en el Perú profundo, las heridas siguen abiertas. Este jueves, la Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra la mandataria y seis de sus exministros por lesiones leves y graves cometidas durante la brutal represión de las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Las regiones del sur, que encabezaron el clamor por justicia tras la caída de Pedro Castillo, vuelven a ser protagonistas. No por sus paisajes ni su cultura, sino por los más de 70 muertos, decenas de heridos, y cientos de familias marcadas para siempre. A ellos, desde Palacio de Gobierno, nunca se les pidió perdón.
Hoy, la justicia empieza a dar un paso, aunque tarde. La nueva denuncia fiscal amplía la presentada en julio de 2024, cuando ya se acusaba a Boluarte de homicidio calificado y lesiones graves. Ahora, se incluyen más víctimas, más testimonios, más dolor. El Ministerio Público ha documentado lo que muchos vimos: disparos a corta distancia, represión indiscriminada, silencio del Ejecutivo.
Y mientras eso ocurre, ¿dónde está la presidenta? En Roma. En un acto simbólico-religioso que no tiene carácter obligatorio, pero que sí le permite un respiro político, alejada de las calles que aún exigen justicia. “Viajar mientras el país sangra no es diplomacia, es indiferencia”, resume un dirigente aimara de Juliaca.
El Congreso, que deberá evaluar la acusación constitucional, ya anunció que su presidente sí viajará a representarnos. Pero desde el sur, nos preguntamos: ¿a quién representan?
Los pueblos del sur no han olvidado. Ni Ayacucho, ni Apurímac, ni Puno. La justicia camina lento, pero la memoria colectiva es firme. Hoy, mientras los flashes del Vaticano iluminen a la presidenta, los ojos del sur seguirán mirando hacia Lima con una sola palabra en los labios: justicia.