Con cuatro votos en contra y uno a favor, el Concejo Municipal de Pocollay decidió rechazar el pedido de vacancia presentado contra el alcalde Hugo García Mamani. La solicitud se sustentaba en la presunta autorización irregular de pagos de beneficios laborales a su hermano, Jaime García Rivera, quien también trabaja en el municipio.
El abogado Néstor Pari, encargado de presentar la solicitud de vacancia, argumentó que García Rivera no tenía derecho a recibir estos beneficios, ya que estaban destinados exclusivamente a los trabajadores sindicalizados. Sin embargo, de acuerdo con la información expuesta, la municipalidad habría desembolsado un total de 199 mil soles entre los años 2017 y 2022 para el pago de pactos colectivos a él y otros empleados que no pertenecían al sindicato.
Asimismo, Pari señaló que el alcalde delegó la ejecución de dichos pagos a su gerente de administración, pese a que la Ley de Municipalidades prohíbe expresamente este tipo de encargos. Según indicó, los pagos se procesaron con inusual rapidez y contaron con la aprobación de la oficina de Asesoría Legal, lo que refuerza la sospecha de que se actuó de manera irregular.
Ante la negativa del Concejo Municipal de aprobar la vacancia, el abogado anunció que presentará una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para insistir en la destitución de García Mamani. Además, resaltó que la Fiscalía ha formalizado una investigación sobre los pagos realizados a los trabajadores no sindicalizados, lo que podría derivar en sanciones administrativas o incluso responsabilidades penales para los implicados.
Por otro lado, la sesión en la que se debatió la vacancia se llevó a cabo a puertas cerradas, sin permitir el acceso a la prensa. Mientras tanto, en los exteriores de la municipalidad, un grupo de vecinos se congregó para expresar su respaldo al alcalde con arengas y pancartas, manifestando su rechazo al proceso de vacancia y destacando la gestión del burgomaestre en la comuna.
El caso ha generado controversia en la opinión pública, ya que algunos ciudadanos consideran que la votación del Concejo responde más a intereses políticos que a un análisis técnico de las irregularidades denunciadas. Otros, en cambio, creen que la denuncia carece de fundamentos sólidos y responde a un intento de desestabilizar la actual administración municipal. Ante esta situación, se espera que en las próximas semanas el JNE evalúe la apelación y determine si corresponde revisar nuevamente la vacancia del alcalde o si el caso queda archivado definitivamente.