Familiares denuncian una presunta agresión mortal y cuestionan la actuación fiscal. La Policía y el Ministerio Público deberán esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las responsabilidades.
VISIÓN MACROSUR | Puno
La muerte de Wilfredo Mamani Nina, alcalde del centro poblado de Collini, en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, región Puno, ha generado indignación entre sus familiares y las comunidades campesinas, que exigen una investigación transparente y una respuesta inmediata de las autoridades.
Según información publicada por La Decana, los familiares atribuyen el fallecimiento a una presunta agresión física ocurrida el último domingo, durante un encuentro relacionado con trabajos para la construcción de una cancha deportiva de césped sintético. Las circunstancias exactas de lo sucedido y la causa de la muerte deberán establecerse mediante las diligencias correspondientes.
FAMILIARES SEÑALAN A PRESUNTO RESPONSABLE
De acuerdo con la versión recogida por el medio puneño, el incidente se habría producido en el sector de Crucero, en la zona de Chaca Chaca, durante una reunión entre Mamani Nina y Charles Octavio Mamani Díaz, alcalde del centro poblado de Tuquina.
Marita Condori Chura, esposa del fallecido, manifestó que habría presenciado la agresión y señaló al alcalde de Tuquina como presunto responsable. Según su testimonio, su esposo habría recibido golpes y patadas en la cabeza y la nuca cuando se encontraba en el suelo.
La denuncia es grave y requiere una investigación rigurosa. Corresponde a las autoridades competentes determinar cómo ocurrieron los hechos, establecer la causa del fallecimiento y deslindar las responsabilidades individuales, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
CUESTIONAN PRESUNTA PROPUESTA DE ACUERDO ECONÓMICO
Otro aspecto que ha generado preocupación es la denuncia de los familiares sobre una presunta actuación irregular del fiscal Luis Diego Choque Rosas, de la Fiscalía Provincial de Juli.
Según los deudos, el representante del Ministerio Público les habría sugerido un acuerdo económico extrajudicial de entre 10.000 y 15.000 soles. Esta versión, difundida por La Decana, no constituye por sí sola una acreditación de irregularidad y requiere ser esclarecida por las instancias correspondientes.
La familia rechaza cualquier salida económica y exige que el caso sea investigado hasta determinar las responsabilidades penales que correspondan.
La gravedad de esta denuncia plantea la necesidad de que el Ministerio Público garantice transparencia, objetividad y respeto a los derechos de los familiares durante todo el procedimiento.
23 COMUNIDADES DAN UN PLAZO DE 72 HORAS
La indignación se ha extendido entre las comunidades campesinas de Pomata. Representantes de 23 comunidades anunciaron que otorgaron un plazo de 72 horas a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que adopten las medidas legales correspondientes.
Entre sus demandas figura la evaluación de una eventual prisión preventiva contra el presunto implicado, decisión que deberá ser adoptada por las autoridades judiciales conforme a los requisitos legales y a los elementos que se incorporen a la investigación.
Los representantes comunales también advirtieron que podrían adoptar medidas por cuenta propia si no reciben una respuesta. Este escenario eleva la tensión social y hace urgente una intervención oportuna de las autoridades para evitar nuevos hechos de violencia y garantizar que el caso avance por la vía legal.
JUSTICIA, TRANSPARENCIA Y RESPUESTA INSTITUCIONAL
Wilfredo Mamani Nina deja dos hijos, uno de ellos de apenas tres años, según el reporte periodístico. Su fallecimiento ha dejado a una familia en duelo y a una comunidad que reclama respuestas.
Ahora, la responsabilidad de la Policía, el Ministerio Público y las instancias judiciales es esclarecer los hechos con celeridad, preservar las pruebas, atender las denuncias formuladas y comunicar los avances que puedan hacerse públicos sin perjudicar la investigación.
La exigencia de justicia no debe convertirse en violencia ni en condenas anticipadas. Debe traducirse en una investigación seria, transparente y capaz de establecer responsabilidades con pruebas.
Visión Macrosur seguirá atento al desarrollo de este caso y a las respuestas oficiales sobre las denuncias formuladas por los familiares y las comunidades de Pomata.