Tacna. – La excarcelación del peligroso criminal Jhon Smith Cruz Arce, conocido como “Jhon Pulpo”, ha generado una fuerte controversia en Tacna y todo el Perú. El exlíder de la organización criminal “Los Pulpos”, sentenciado por asesinato, fue liberado del penal de máxima seguridad Challapalca tras cumplir 17 años de prisión, luego de que la justicia ordenara aplicar beneficios penitenciarios acumulados durante su reclusión.
La decisión se originó en un fallo de habeas corpus emitido por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró fundado el pedido de la defensa, la cual argumentó que a Cruz Arce se le debía aplicar la redención de pena bajo el régimen 2×1 vigente en 2008, año en que fue sentenciado: por cada día de trabajo o estudio, se le descontaban dos días de condena.
A pesar de estar recluido en uno de los penales más estrictos del país, el beneficio no fue otorgado por actividades realizadas en Challapalca, sino por jornadas de estudio y trabajo anteriores, cumplidas en penales de régimen común. Tras el fallo judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) recalculó la pena y determinó que Cruz Arce ya había cumplido su condena, procediendo con su liberación el 15 de julio de 2025.
Críticas y preocupaciones
La decisión ha provocado alarma entre autoridades y especialistas en seguridad. En ciudades como Trujillo y Chiclayo —donde bandas criminales como “Los Pulpos” mantienen presencia—, se teme un eventual fortalecimiento de redes delictivas.
El caso también ha reabierto el debate sobre los beneficios penitenciarios aplicables a internos condenados por crímenes graves, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado.
Si bien el Poder Judicial aclaró que no fue la Sala la que ordenó directamente la excarcelación, sino que se limitó a restituir el derecho a la redención de pena, diversos sectores cuestionan el criterio aplicado en delitos de alta peligrosidad.
¿Quién es responsable?
Diversos analistas coinciden en que se trata de una responsabilidad compartida entre el sistema judicial, el INPE y la falta de reformas legislativas. A pesar de tratarse de una medida legal, se advierte que este tipo de beneficios deberían estar restringidos en casos de homicidio o liderazgo criminal comprobado, como el de Cruz Arce.
La liberación de “Jhon Pulpo” pone sobre la mesa la urgente necesidad de revisar el marco normativo penitenciario, fortalecer los filtros en el otorgamiento de beneficios y garantizar que la seguridad ciudadana prime sobre los vacíos legales.
Redacción | VISION MACROSUR
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