La fiscal Delia Espinoza pide a la Corte Suprema que excluya al partido del registro de organizaciones políticas debido a la promoción de violencia y persecución.
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado formalmente a la Corte Suprema del Perú que se declare ilegal al partido Fuerza Popular y que este sea excluido del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Juradón Nacional de Elecciones (JNE). Esta solicitud, realizada el 18 de septiembre de 2025, se basa en la acusación de que el partido liderado por Keiko Fujimori ha incurrido en conductas antidemocráticas que vulneran los principios fundamentales del país.
Argumentos de la Fiscalía
Espinoza sostiene que Fuerza Popular ha promovido una serie de prácticas y discursos que afectan el orden democrático del Perú. Entre las principales razones expuestas, se incluyen:
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Promoción de la violencia: La fiscalía ha señalado que líderes del partido han fomentado el odio político y la violencia contra figuras opositoras, lo que ha generado un clima de tensión y polarización social.
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Persecución de opositores políticos: Otro de los puntos clave de la acusación es que Fuerza Popular ha perseguido a sus opositores mediante la exclusión y descalificación pública de aquellos que se apartan de su línea política, lo que representa una grave amenaza para la libertad política en el país.
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Violación de principios democráticos: La fiscal Espinoza también sostiene que el partido ha vulnerado los derechos fundamentales de diversos sectores de la sociedad, incitando a la persecución ideológica y actuando de manera contraria a los valores democráticos establecidos en la Constitución del Perú.
Proceso Judicial y Consecuencias
Para que el pedido de la fiscal sea aceptado, se requiere que al menos cuatro de los cinco magistrados que conforman la sala correspondiente de la Corte Suprema voten a favor de la disolución de Fuerza Popular. En caso de que el fallo sea favorable, el partido será eliminado del registro oficial y no podrá participar en futuras elecciones.
En el caso de que la decisión no favorezca a la fiscalía, Fuerza Popular podría seguir existiendo como partido político, y tanto la fiscalía como la agrupación política tendrían la posibilidad de apelar ante la Sala Suprema Civil Permanente.
El Contexto Político
Este pedido de la fiscal viene en un contexto de creciente polarización política en el país. Fuerza Popular, que fue un actor clave en las elecciones generales de 2021, ha mantenido un fuerte enfrentamiento con diversos sectores políticos, especialmente con los movimientos de izquierda. Sin embargo, las tensiones no solo se han limitado al plano político, sino que han tenido repercusiones en la sociedad peruana, exacerbando la división ideológica y llevando a numerosos enfrentamientos públicos.
El pedido de disolución también coincide con varias controversias internas dentro del partido, que ha enfrentado críticas tanto por su liderazgo como por las acciones de algunos de sus miembros.
El Impacto para la Democracia
La decisión de la Corte Suprema de aceptar o rechazar este pedido tendrá implicaciones importantes para el sistema político peruano. De ser aceptada, la disolución de Fuerza Popular podría alterar la dinámica política y abrir la puerta a una mayor regulación sobre los partidos políticos que promueven discursos de odio y violencia.
La fiscalía sostiene que este tipo de actitudes antidemocráticas no deben ser toleradas dentro del sistema político peruano, y que es necesario garantizar que los partidos respeten los principios establecidos en la Constitución y promuevan el respeto por los derechos humanos y el bienestar de todos los ciudadanos.
Reacciones en el Ámbito Político
Fuerza Popular ha rechazado categóricamente la solicitud de la fiscal, calificándola de «politizada» y de «ataque a la libertad de expresión». La agrupación ha afirmado que las acusaciones son infundadas y que su lucha siempre ha sido en defensa de la democracia y el orden constitucional.
Por su parte, algunos partidos de la oposición han expresado su apoyo a la fiscalía, destacando la importancia de evitar que partidos que promuevan violencia política y la persecución ideológica tengan cabida en el sistema electoral.
Conclusión
El caso de la solicitud de disolución de Fuerza Popular pone en evidencia la tensión que existe entre la libertad de expresión y el respeto a los principios democráticos. La Corte Suprema ahora deberá decidir si permite que este partido siga existiendo en el sistema político peruano, o si establece un precedente legal en el que los partidos políticos que promuevan discursos de odio y violencia sean sancionados. En cualquier caso, el resultado tendrá un impacto significativo en la democracia y la cohesión social en el Perú.