Tacna, 3 de septiembre de 2025. – El Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado la inmediata liberación de la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, anulando la prolongación de su prisión preventiva por el caso de rebelión vinculado al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
La resolución del máximo intérprete de la Constitución señala que Chávez permaneció detenida de manera arbitraria por ocho días, luego de vencido el plazo de los 18 meses de prisión preventiva. El TC consideró que el Ministerio Público y el Poder Judicial incurrieron en una “práctica preocupante” al solicitar y resolver la extensión de la medida fuera de los plazos legales.
Con esta decisión, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria debe emitir en el mismo día la resolución que permita su salida del Penal Anexo para Mujeres de Chorrillos. El tribunal también dejó abierta la posibilidad de que se dicten medidas como comparecencia con restricciones para garantizar su presencia en el proceso judicial.
Una liberación en medio de la fragilidad institucional
La decisión del TC no extingue el proceso por rebelión; simplemente corrige una irregularidad procesal que vulneraba derechos fundamentales. Sin embargo, el caso revela la fragilidad institucional de un sistema de justicia que, por negligencia o desorden, mantiene a personas privadas de su libertad sin mandato vigente.
No es un detalle menor: hablamos de una ex primera ministra, pero también de un precedente que puede marcar futuras batallas legales en un país donde la prisión preventiva se ha convertido en regla y no en excepción.
Salud en riesgo y presión política
La resolución llega cuando Chávez atravesaba una situación crítica: se encontraba en huelga de hambre seca, lo que motivó su traslado de emergencia al Hospital María Auxiliadora por deshidratación severa y complicaciones cardíacas.
Políticamente, la excarcelación de una figura asociada al intento de quiebre institucional de diciembre de 2022 generará posiciones encontradas. Para algunos, es un triunfo del Estado de derecho; para otros, un gesto que podría debilitar la confianza ciudadana en la justicia.
El fondo del asunto
Más allá de la coyuntura, el fallo del TC obliga a repensar el uso de la prisión preventiva en el Perú. ¿Se está respetando el debido proceso? ¿O la prisión se utiliza como castigo anticipado? La respuesta será clave para un sistema de justicia cuestionado por lentitud, arbitrariedad y politización.