La propuesta que busca restituir la reelección de alcaldes y gobernadores genera fuertes críticas por abrir la puerta al enquistamiento del poder y a prácticas clientelistas.
En medio de una de las peores crisis de legitimidad del Congreso de la República, la mayoría parlamentaria vuelve a impulsar una polémica propuesta: la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Amparándose en el argumento de “garantizar la continuidad de políticas públicas”, varios legisladores promueven un cambio normativo que podría, en la práctica, perpetuar a caciques locales en el poder, muchos de ellos con serios cuestionamientos por corrupción, nepotismo o ineficiencia.
El proyecto busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones para permitir la reelección consecutiva de estas autoridades, pese a que en 2015 se estableció su impedimento con el objetivo de frenar justamente el uso clientelar de los recursos del Estado para asegurar campañas reeleccionistas. Paradójicamente, muchos de los que hoy impulsan esta reforma fueron elegidos bajo la promesa de renovar la política y combatir la corrupción. Hoy, sin mayor consulta ciudadana, parecen más interesados en ampliar el poder de sus aliados regionales que en fortalecer la institucionalidad.
Para el analista político Juan Carlos Tafur, “la reelección no es mala per se, pero en un país con débil fiscalización y altos índices de impunidad, puede convertirse en un riesgo para la democracia”. Y no le falta razón: solo en el último año, más de 60 alcaldes y gobernadores enfrentan procesos judiciales por delitos que van desde colusión hasta lavado de activos.
Mientras tanto, desde la sociedad civil, colectivos y organizaciones ciudadanas advierten que esta iniciativa pretende normalizar la permanencia de políticos ineficientes o corruptos en el cargo, en lugar de promover una verdadera meritocracia. Para ellos, el Congreso vuelve a legislar de espaldas al país.
En lugar de revisar la prohibición de reelección, los expertos proponen fortalecer los mecanismos de evaluación, rendición de cuentas y formación de nuevos liderazgos, algo que el Parlamento parece ignorar. La pregunta que queda en el aire es: ¿se busca mejorar la gestión pública o consolidar un sistema que favorece a los que hoy controlan el poder?
La historia reciente del Perú ha demostrado que cuando se aflojan las barreras al poder, la corrupción encuentra terreno fértil para expandirse. Por eso, abrir la puerta a la reelección sin una reforma integral del sistema político es jugar con fuego.