Dina Boluarte añade otro expediente a su prontuario: obstrucción a la justicia mediante el abuso del poder. Fue ella quien ordenó al ministro del Interior la salida del coronel Harvey Colchado, el oficial de la DIVIAC que se atrevió a romper la puerta de su domicilio. Esbirros uniformados intentaron el último martes entrar a las oficinas del Eficcop pero la fiscal Marita Barreto impidió la intrusión.
El coronel Harvey Colchado Huamaní, el policía que dirigió el operativo de allanamiento judicial a la casa de la presidenta Dina Boluarte, se encuentra literalmente en la calle. Apenas dos semanas después de la intervención al domicilio de la mandataria, Colchado fue retirado temporalmente de la jefatura de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC), la unidad de élite que trabaja en conjunto con la Fiscalía de la Nación en numerosos casos complejos que comprometen a altos funcionarios públicos.
Este hecho se produjo luego de que la Inspectoría General de la Policía Nacional le abriera un nuevo procedimiento administrativo disciplinario por infracciones consideradas “muy graves” en agravio de la imagen institucional, por lo que Colchado podría ser sancionado hasta con dos años de separación del servicio.
Esta semana Colchado se vio obligado a dejar la DIVIAC, unidad que fundó hace siete años, y tuvo que solicitar vacaciones adelantadas para defenderse de una ofensiva ejecutada desde lo más alto del gobierno y que apunta a cortarle la cabeza al policía que se atrevió, en cumplimiento de una orden judicial, a ingresar por la fuerza a la vivienda de la presidenta de la República la noche del Viernes Santo.
En los hechos, la salida temporal de Colchado supone una amenaza capital para la DIVIAC y sus brazos operativos, como el Equipo Especial de la Policía, que apoyan al Ministerio Público en los casos por los que son investigados Nicanor Boluarte, el hermano de la mandataria, el expresidente Pedro Castillo, así como una serie de congresistas de diversas bancadas, entre ellas Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Acción Popular, involucrados en la presunta red criminal encabezada por la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides.
Con la remoción de Colchado, la presidenta Dina Boluarte y los demás personajes implicados en estas investigaciones están a punto de destruir el binomio Fiscalía-DIVIAC, que dio tan buenos resultados en los últimos años. “La Fiscalía no puede hacer por sí sola algunas de estas investigaciones. Necesita de Colchado y de su equipo para realizar seguimientos, planificar operaciones, ejecutar allanamientos sorpresivos, captar a colaboradores eficaces y profundizar en las investigaciones. Ahora eso se ha roto”, dice un policía a esta revista.
Hasta ahora Colchado había logrado sortear las amenazas en su contra. Hace un año y medio el expresidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, presentó un oficio ante el Inspector General de la Policía para pedirle que inicie un proceso sancionador que derive en el pase al retiro de Colchado por haber ejecutado una orden de allanamiento a Palacio de Gobierno el 9 de agosto de 2022.
Castillo montó en cólera porque Colchado y otros policías del Equipo Especial de apoyo al Ministerio Público ingresaron a la residencia presidencial para ejecutar un mandato judicial de allanamiento, descerraje y registro, y para detener a su cuñada, Yenifer Paredes, criada desde pequeña como una hija de la expareja presidencial.
Fue por esta razón que Castillo señaló a la Inspectoría que Colchado había cometido una sanción “muy grave”, lo que ameritaba su pase al retiro de forma inmediata. Colchado no fue separado del cargo y siguió investigando la corrupción en el entorno íntimo del expresidente, lo que finalmente desembocó en su estrepitosa caída.
Hoy, sin embargo, la historia se repite con Dina Boluarte. El jueves 11 de abril Colchado celebró su cumpleaños número 50. Un grupo de efectivos policiales bajo su mando le había regalado una torta temática que aludía irreverentemente al sorpresivo allanamiento a la residencia de Boluarte el 29 de marzo.
En el pastel aparecía un agente de la Policía, con el chaleco negro de la DIVIAC, utilizando un ariete para romper la puerta de madera de una casa. Ese mismo día Colchado compartió la foto de la torta en su cuenta de WhatsApp, a la que solo tienen acceso sus contactos.
Por la noche, el programa de Milagros Leiva, en “Willax Televisión”, exhibió la imagen de la torta y criticó duramente al entonces jefe de la DIVIAC por supuestamente burlarse de Dina Boluarte. “Es un payaso ridículo que quiere figurar”, escupió Leiva en referencia a Colchado.
Al día siguiente Palacio de Gobierno fue un hervidero. Según el portal de transparencia del despacho presidencial, el viernes 12 de abril la presidenta se reunió a puerta cerrada con el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, y luego con el ministro del Interior, Walter Ortiz.
Zanabria llegó al despacho presidencial a las 10 y 43 de la mañana, según el registro. Media hora después, a las 11 y 12, el titular de la cartera del Interior Walter Ortiz ingresó a la oficina de la mandataria. La reunión se prolongó por casi tres horas. Zanabria se marchó de Palacio de Gobierno a la 1 y 39 de la tarde y Ortiz lo hizo cuatro minutos después.
Esa misma tarde, haciendo eco de lo dicho por Milagros Leiva en “Willax Televisión”, el jefe de la Oficina N° 17 de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General, coronel PNP Giovanni Osorio Elguera, inició un proceso administrativo disciplinario contra el coronel Harvey Colchado por supuestamente haber incurrido en una falta “grave” y otra “muy grave” en perjuicio de la imagen institucional.
Al día siguiente –en tiempo récord– el coronel Osorio notificó a Colchado de que había sido suspendido temporalmente en el cargo como jefe de la DIVIAC. Osorio le hizo saber que su salida inmediata tenía como objetivo evitar el entorpecimiento de las investigaciones.
En la resolución administrativa disciplinaria, la Inspectoría de la PNP hace eco de lo dicho en el programa de Milagros Leiva y señala que la torta de cumpleaños de Colchado atenta contra la institución y constituye una falta de respeto hacia la presidenta de la República.
“En un contexto donde se espera que los agentes del orden mantengan altos estándares de integridad y respeto institucional, este tipo de comportamiento puede ser profundamente perjudicial para la imagen de la Policía Nacional como para la estabilidad de la sociedad en su conjunto”, señala el documento de la Inspectoría. Y añade: “Además, se podría interpretar como una falta de respeto a la investidura presidencial y a las instituciones del Estado. Tales acciones no solo reflejan una falta de sensibilidad hacia la dignidad y la función de la presidenta de la República, sino que también socavan la confianza pública en la institución policial y sus miembros”, indica.
El Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional señala que una infracción calificada como “muy grave” tiene una sanción de 1 o 2 años de disponibilidad, lo que supone que Colchado, en caso de ser hallado responsable, tendría que dejar el servicio activo de la Policía hasta el año 2026, al término del gobierno de Dina Boluarte.
Colchado se presentó esta semana ante el Alto Mando de la Policía y señaló que la temática de la torta obsequiada por su equipo no alude al allanamiento de la casa de Boluarte. En cualquier caso –se defendió–, el decorado no tendría por qué merecer una investigación disciplinaria y mucho menos su separación temporal de la jefatura de la DIVIAC.
El coronel Colchado recordó que la Policía suele usar arietes durante los descerrajes y subrayó que el ingreso por la fuerza a la casa de la presidenta se hizo en estricto cumplimiento de un mandato judicial.
La noche del lunes último, sin embargo, el Ministerio del Interior oficializó el nombramiento del coronel Franco Moreno Panta como nuevo jefe de la DIVIAC y como coordinador de la unidad que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Moreno fue parte del equipo de la DIVIAC que investigó los actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Estuvo anteriormente en la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones y, más recientemente, en la División de Investigación de Robos de la PNP.
Es considerado un buen policía, pero diversos oficiales consultados coinciden en que no tiene la ascendencia ni la osadía que hicieron de Colchado uno de los oficiales más respetados y temidos de la Policía.
Colchado, a través de su abogado, ha presentado una apelación ante la Inspectoría General de la Policía en un intento por dejar sin efecto su separación temporal de la DIVIAC. Evalúa también acudir a otras instancias, aunque su futuro es incierto. Colchado se encuentra sometido a un proceso sumarísimo en la Inspectoría General de la Policía que tiene como objetivo su separación definitiva de la DIVIAC y la desarticulación del equipo policial más exitoso desde el legendario Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que capturó al cabecilla terrorista Abimael Guzmán y a su cúpula senderista en el año 1992.
Voceros de la Inspectoría General de la PNP señalaron a esta revista que, como parte de la investigación a Colchado, los policías de la DIVIAC que participaron en el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte también serán interrogados sobre las órdenes que recibieron durante el descerraje del Viernes Santo.
Fuentes policiales con conocimiento de estos hechos señalaron a esta revista que el gobierno no solo quiere a Colchado fuera de la DIVIAC sino también lejos de la institución el tiempo que sea necesario.
En la práctica, Colchado y su equipo constituyen no solo un peligro para la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor sino también para los congresistas del fujimorismo y sus aliados de la ultraderecha que aparecen comprometidos en la organización criminal comandada por la destituida Fiscal de la Nación Patricia Benavides.
El fujimorismo no olvida que Colchado y sus agentes de la DIVIAC allanaron el local de Fuerza Popular, en Paseo Colón, en el año 2020.
“Es una venganza del poder. Lo están maniatando”, declaró la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, a cargo de la investigación sobre el supuesto tráfico de votos por impunidad en el Parlamento.
Un indicio claro de que la persecución abarca también al equipo de Colchado, principalmente al capitán PNP Carlos Martínez y a todo su grupo de expertos investigadores, ocurrió la mañana del martes último.
Un segundo equipo de Inspectoría General de la Policía, al mando del coronel Edgar Portocarrero, ingresó a las oficinas del Eficcop, en la sede del Ministerio Público, con el propósito de revisar toda la documentación sensible obtenida en el marco de las investigaciones fiscales contra diversos personajes de “alto perfil”, como es el caso de Nicanor Boluarte, el hermanísimo de la presidenta de la República.
Los policías irrumpieron en la Fiscalía llevando consigo un oficio en el que solicitaban acceder a los documentos obtenidos por el equipo de policías que labora con la fiscal Marita Barreto, según los videos registrados por las cámaras de seguridad del Ministerio Público.
“(Las) acciones de control administrativos se orientan específicamente a la revisión y verificación de la documentación pasiva de carácter administrativo interno que ha realizado la unidad policial del Equipo Especial de Inteligencia Delta Diviac, en referencia a las órdenes de Operaciones Policiales ejecutadas”, indica el oficio de Inspectoría.
El Equipo Delta se encuentra a cargo del capitán PNP Carlos Martínez, uno de los hombres de confianza de Colchado, y lleva adelante la investigación seguida al hermano de la presidenta. Este mismo equipo dirigió el operativo de captura de Jaime Villanueva, el asesor más importante de Patricia Benavides, e intervino en el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte el viernes 29.
La fiscal Marita Barreto se negó a autorizar el ingreso de los efectivos de la Inspectoría General de la Policía y rechazó el operativo, argumentando que lo que se pretende es conocer las carpetas fiscales con información reservada que afectan a personajes del gobierno.
“Ningún efectivo policial, ajeno al Equipo Especial PNP en apoyo al Eficcop, tiene autorización para el ingreso a las instalaciones (…) ubicadas dentro del Ministerio Público. “(Estas) son utilizadas para llevar a cabo diligencias reservadas”, señaló Barreto en la providencia fiscal N° 262 y a la cual tuvo acceso esta publicación.
Barreto solicitó al responsable del Equipo Especial PNP, el capitán Carlos Martínez, que cuide la reserva de los documentos sensibles. Y dispuso el envío de su providencia al Fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena. Información obtenida por este semanario indica que Villena evalúa abrir una investigación contra el comandante general de la Policía y contra el ministro del Interior por presunta obstrucción a la justicia. Villena, según las fuentes fiscales, sostiene que tanto la destitución temporal de Colchado como el ingreso a las oficinas del Eficcop son indicios claros de un operativo de hostigamiento y sabotaje que buscaría beneficiar a la presidenta Dina Boluarte.
Esto quiere decir que, en su afán de librarse de Colchado, Boluarte habría cometido un nuevo delito. “La salida de Colchado es un tema de obstrucción a la justicia mediante un posible abuso del poder”, opinó a esta revista el abogado Carlos Caro Coria. “Y esto es importante porque un caso de obstrucción a la justicia es clave para las medidas restrictivas. Si en algún momento la Fiscalía quiere pedir impedimento de salida del país, esto es algo que puede utilizar a su favor. Lo mismo si, en algún momento, quiere pedir comparecencia con restricciones o una detención preliminar en el caso seguido a la presidenta. La obstrucción ahora se convierte en un tema clave”, dijo.
FUENTE: Hildebrand en sus Trece.
PUBLICADO EN EDICIÓN 682, AÑO 14