Mientras la Casa Blanca defiende acciones secretas de la CIA contra el narcotráfico, varios senadores estadounidenses piden frenar cualquier escalada militar no autorizada por el Congreso.
Washington D. C. — Las declaraciones recientes de Donald Trump, en las que confirmó haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, han generado controversia dentro y fuera de Estados Unidos. Aunque el expresidente sostuvo que las medidas buscan “proteger la seguridad nacional” y frenar el narcotráfico, expertos legales y legisladores advierten que Trump no puede ordenar una invasión o intervención militar abierta sin aprobación del Congreso, como exige la legislación estadounidense.
Qué dice la ley
Según la Ley de Seguridad Nacional de 1947, las denominadas “covert actions” —acciones encubiertas— pueden ser autorizadas directamente por el presidente mediante un documento confidencial conocido como una presidential finding. Esta autorización permite a agencias como la CIA ejecutar operaciones secretas en el extranjero, desde labores de inteligencia y sabotaje hasta apoyo clandestino a actores locales, siempre bajo la condición de que el gobierno estadounidense pueda negar oficialmente su participación.
“El presidente tiene autoridad para ordenar operaciones encubiertas, pero no puede iniciar una guerra por su cuenta. Una invasión requeriría consulta y aprobación legislativa”, explicó el analista político y exasesor de seguridad del Congreso, Michael O’Hanlon.
Qué son las operaciones encubiertas
En la jerga de seguridad estadounidense, una “covert operation” es una acción que busca influir en situaciones políticas, militares o económicas en el extranjero sin revelar el papel de Estados Unidos. Estas operaciones se notifican de forma secreta a un grupo reducido de legisladores conocido como el “Gang of Eight”, integrado por los líderes del Congreso y los presidentes de los comités de inteligencia.
Aunque ese mecanismo busca garantizar supervisión, críticos sostienen que en la práctica las operaciones encubiertas escapan casi por completo al control legislativo debido a su carácter clasificado.
Una invasión es otro escenario legal
La War Powers Resolution de 1973, aprobada tras la guerra de Vietnam, limita el poder del presidente para enviar tropas al extranjero sin consentimiento del Congreso. La ley exige que cualquier acción militar sea informada en un plazo de 48 horas y no pueda prolongarse más de 60 días —con una prórroga de 30— salvo que exista autorización legislativa explícita.
“Una cosa es desplegar agentes o drones encubiertos; otra muy distinta es enviar marines o bombardear objetivos en suelo venezolano. Eso sería una violación clara de la War Powers Resolution y del derecho internacional”, advirtió la profesora Laura Restrepo, especialista en derecho internacional de la Universidad de Georgetown.
Reacción del Congreso: llamados a frenar una escalada
Las revelaciones sobre operaciones de la CIA en Venezuela han provocado preocupación en el Capitolio. Varios senadores —tanto demócratas como republicanos— han pedido limitar o frenar cualquier acción militar no autorizada por el Congreso.
Según Reuters, legisladores como Tim Kaine, Adam Schiff y Rand Paul impulsan una resolución bipartidista para restringir el uso de la fuerza y exigir mayor supervisión sobre las operaciones encubiertas. La senadora Jeanne Shaheen advirtió que la Casa Blanca “se está acercando demasiado al conflicto abierto sin transparencia ni control legislativo”.
“Las operaciones secretas no pueden convertirse en guerras secretas”, expresó el senador Kaine durante una sesión del Comité de Inteligencia.
Aunque el Senado bloqueó recientemente el debate de una propuesta que buscaba poner fin a los ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas a Venezuela, el mensaje político es claro: una parte significativa del Congreso quiere impedir que el presidente actúe unilateralmente en América Latina sin autorización formal.
Repercusiones diplomáticas y regionales
El gobierno de Nicolás Maduro presentó una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, calificando las declaraciones de Trump como una “amenaza directa a la soberanía y la paz de Venezuela”.
“Estamos ante un intento de justificar actos de agresión disfrazados de operaciones de inteligencia. Venezuela no tolerará violaciones a su territorio”, afirmó el canciller Yván Gil.
La CELAC convocó a una reunión de emergencia para analizar la situación, mientras que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió “moderación y respeto a la soberanía de los pueblos”.
Antecedentes históricos
Washington ha recurrido a operaciones encubiertas en América Latina desde hace décadas: Guatemala (1954), Cuba (1961), Chile (1973) y Nicaragua (1980) son ejemplos emblemáticos. Documentos desclasificados confirmaron años después la implicación directa de la CIA en esos episodios.
“Las operaciones encubiertas forman parte de la política exterior estadounidense desde hace más de medio siglo. Lo que preocupa es que se usen como sustituto de la diplomacia o como antesala de una intervención abierta”, señaló el historiador Peter Kornbluh, del National Security Archive.
Un debate sobre los límites presidenciales
El anuncio de Trump ha reavivado un debate recurrente en Washington: ¿hasta dónde puede llegar el poder presidencial en tiempos de tensión internacional? Mientras algunos senadores republicanos respaldan las medidas como necesarias contra el crimen transnacional, varios legisladores demócratas insisten en que el Congreso debe recuperar su papel constitucional en materia de guerra y paz.
“El Congreso no puede enterarse de los ataques cuando ya han ocurrido. La Constitución no autoriza guerras por decreto presidencial”, señaló el representante Adam Schiff.
En resumen
Donald Trump puede autorizar operaciones encubiertas —como las que habría aprobado en Venezuela— sin aprobación previa del Congreso, siempre que se mantengan dentro del marco de la inteligencia y no impliquen el uso directo de tropas. Sin embargo, una invasión o acción militar abierta requeriría la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes, en virtud de la War Powers Resolution de 1973.
El Congreso, por su parte, ha comenzado a reaccionar, buscando limitar y supervisar las acciones del Ejecutivo para evitar que la frontera entre la operación encubierta y la intervención militar se vuelva difusa.
El debate, más allá de lo legal, plantea una pregunta crucial: ¿Dónde termina la inteligencia y dónde comienza la guerra?
Fuentes: Reuters, AP, The Washington Post, BBC, National Security Archive.
Redacción: Equipo Visión Macrosur.