Un Congreso que se otorga privilegios mientras el pueblo enfrenta carencias, sólo en nuestro país suceden estas incongruencias.
Es alarmante que, en un país como el Perú, con profundas necesidades en salud, educación, seguridad y empleo, el Congreso apruebe un presupuesto de más de S/ 1.400 millones para el año 2025, una cifra histórica que prioriza principalmente el pago de personal y cargos de confianza. Mientras miles de familias luchan día a día por acceder a lo básico, nuestros legisladores destinan recursos a su propio aparato burocrático y a ampliar su plantilla de asesores.
Esta desconexión entre las prioridades del pueblo y las del Parlamento evidencia una falta de empatía y compromiso real con el desarrollo del país. ¿Cómo justificar tal gasto cuando hay hospitales sin medicinas, colegios sin infraestructura y zonas rurales sin agua potable? El Congreso debería ser el primer ejemplo de austeridad y eficiencia, no un símbolo de despilfarro. Es momento de exigir rendición de cuentas y reorientar estos recursos hacia las verdaderas necesidades de los peruanos.
En la sesión del 4 de noviembre, la Mesa Directiva aprobó un proyecto de presupuesto para el Congreso de S/ 1.412.401.268,00 para el año fiscal 2025, que cubre todas las fuentes de financiamiento. Esta propuesta cuenta con el respaldo del presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, y sus vicepresidentes. Se trata de un presupuesto histórico y significativo, con un crecimiento sostenido en los últimos dos años.
Para el año fiscal 2024, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Congreso fue de S/ 1.084.148.245,00, de los cuales S/ 832.148.829,00 estaban destinados al pago de personal y obligaciones sociales. El mayor gasto del Congreso se concentra en su personal, compuesto por 3,600 trabajadores, de los cuales más de mil ocupan cargos de confianza.
El presupuesto del Congreso ha mostrado un crecimiento constante. En 2023, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 929.965.014,00, de los cuales se ejecutaron más de S/ 862 millones, en su mayoría destinados al pago del personal. Para 2024, el Congreso solicitó un crédito suplementario de S/ 67 millones al Ejecutivo, quien aprobó S/ 50 millones, principalmente para cubrir pagos a empleados y obligaciones sociales. En 2023, también se solicitó un crédito suplementario de S/ 70 millones, y el Ejecutivo aprobó S/ 48 millones. En ambos casos, la prioridad fue contratar más personal, lo que implicó más presupuesto.
El aumento del número de congresistas es incierto. El fujimorismo celebra el retorno a la bicameralidad, lo que resultará en 130 diputados y 60 senadores en 2026. Sin embargo, la Comisión de Constitución tiene un dictamen que propone aumentar el número de representantes según el padrón electoral, lo que llevaría a un Congreso de 237 legisladores en 2031. Cada diputado o senador necesitaría asesores, lo que aumentaría la necesidad de fondos, sin contar los recursos necesarios para las comisiones ordinarias, especiales e investigadoras.