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LIMA SE INUNDA OTRA VEZ: EL GOBIERNO SABÍA DEL PELIGRO, PERO ¿DÓNDE ESTÁN LAS OBRAS DE PREVENCIÓN?

Las advertencias estaban sobre la mesa desde agosto. CENEPRED, SENAMHI e INDECI habían identificado los riesgos de las lluvias intensas. Sin embargo, en noviembre, miles de ciudadanos vuelven a enfrentar inundaciones, colapso de desagües y viviendas afectadas. ¿Qué hizo realmente el Gobierno de Keiko Fujimori para evitar esta emergencia?

LIMA | VISIÓN MACROSUR. Las inundaciones que vienen afectando diversos sectores de Lima Metropolitana vuelven a poner en tela de juicio la capacidad de respuesta y prevención de las autoridades frente a los fenómenos naturales. Lo preocupante no es solamente la intensidad de las precipitaciones, sino que el riesgo estaba advertido desde meses atrás y, pese a ello, numerosas familias nuevamente terminan soportando las consecuencias.

Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y otros sectores de Lima Sur registraron aniegos, acumulación de agua y problemas en los sistemas de alcantarillado. En Villa El Salvador, el colapso de un colector provocó que aguas residuales ingresaran a viviendas, ocasionando pérdidas materiales y exponiendo a los vecinos a riesgos sanitarios.

LAS AUTORIDADES ESTABAN ADVERTIDAS

Desde agosto de 2026, los organismos técnicos ya advertían sobre los escenarios de riesgo asociados a las precipitaciones y al desarrollo del fenómeno El Niño 2026-2027.

CENEPRED elaboró evaluaciones de vulnerabilidad, SENAMHI emitió pronósticos meteorológicos e INDECI difundió recomendaciones para enfrentar posibles inundaciones, huaicos y deslizamientos.

Incluso, las advertencias señalaban que Lima Metropolitana y otras regiones del país podían enfrentar escenarios complicados durante la temporada de lluvias.

Es decir, no se trataba de una emergencia completamente imprevisible. Existía información técnica suficiente para que las autoridades prepararan intervenciones oportunas y redujeran la exposición de la población.

KEIKO FUJIMORI PROMETIÓ SOLUCIONES, ¿QUÉ PASÓ CON LOS COMPROMISOS?

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió el 17 de agosto, cuando la presidenta Keiko Fujimori visitó Villa El Salvador después de una emergencia que dejó decenas de viviendas inundadas.

En aquella oportunidad se anunciaron medidas para solucionar los problemas del sistema de alcantarillado y se planteó la renovación de la infraestructura afectada, con un plazo estimado de dos meses.

Posteriormente, el 2 de octubre, Sedapal informó sobre la ejecución de un bypass del colector de Villa El Salvador, con la finalidad de incrementar su capacidad de evacuación y reducir los aniegos recurrentes.

Sin embargo, el 5 de noviembre, vecinos de la zona volvieron a denunciar inundaciones y el ingreso de aguas servidas a sus viviendas. Incluso señalaron que los trabajos del nuevo colector no se habrían concluido.

La situación exige una explicación de Sedapal y del Ministerio de Vivienda: ¿se cumplió el cronograma?, ¿cuánto dinero se invirtió?, ¿qué porcentaje de la obra estaba ejecutado cuando ocurrió la nueva emergencia?

No basta con anunciar soluciones si los problemas continúan afectando a la población.

¿Y LAS OBRAS DE PREVENCIÓN DEL GOBIERNO?

El 17 de octubre, el Ministerio de Vivienda informó sobre 14 intervenciones preventivas en aproximadamente 3,5 kilómetros de zonas críticas de siete distritos de Lima, mediante trabajos de limpieza, descolmatación y construcción de diques.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la disponibilidad de 52 máquinas para trabajos preventivos, limpieza de ríos y atención de puntos críticos.

Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua recibió una transferencia superior a los S/179 millones para intervenir 70 puntos críticos en el país.

Son medidas y recursos que deben ser reconocidos, pero también fiscalizados. La pregunta es cuánto de ese presupuesto se ejecutó realmente, cuáles fueron los sectores beneficiados y qué resultados concretos se consiguieron antes de las lluvias.

Porque una cosa es anunciar maquinaria, presupuestos e intervenciones, y otra muy distinta es demostrar que esas acciones protegieron efectivamente a la población.

DECLARAR EMERGENCIA NO ES LO MISMO QUE PREVENIR

El 3 de noviembre, mediante el Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en distritos de 25 departamentos y el Callao, ante el peligro de precipitaciones intensas.

La medida permite acelerar intervenciones y coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno.

Mientras tanto, cuando comenzaron los aniegos, las autoridades tuvieron que desplegar cisternas, equipos de bombeo, maquinaria y personal para retirar el agua acumulada y atender los problemas del alcantarillado.

Estas acciones son necesarias para atender a los damnificados, pero corresponden principalmente a la respuesta frente a una emergencia que ya está ocurriendo.

La prevención exige mucho más: renovación de colectores antiguos, sistemas adecuados de drenaje pluvial, limpieza permanente de cauces, protección de quebradas y planificación urbana.

LAS PREGUNTAS QUE EL GOBIERNO DEBE RESPONDER

La emergencia de Lima deja interrogantes que no pueden quedar solamente en declaraciones oficiales:

  1. ¿Por qué volvió a colapsar el colector de Villa El Salvador si el Gobierno había anunciado una solución en agosto?
  2. ¿Cuál es el avance físico y financiero de las obras comprometidas por Sedapal?
  3. ¿Cuánto de los más de S/179 millones destinados a puntos críticos se ejecutó antes de noviembre?
  4. ¿Qué distritos de Lima fueron efectivamente protegidos mediante las intervenciones preventivas?
  5. ¿Por qué siguen existiendo pasos a desnivel, calles y viviendas expuestas a inundaciones?
  6. ¿Qué responsabilidad corresponde al Ministerio de Vivienda, Sedapal y las municipalidades por las deficiencias que se detecten?

VISIÓN MACROSUR: LAS ADVERTENCIAS EXISTÍAN, AHORA HAY QUE EXIGIR RESULTADOS

No sería correcto afirmar que las autoridades no hicieron absolutamente nada. Hubo evaluaciones técnicas, presupuestos destinados a prevención, trabajos anunciados y acciones de emergencia.

Pero tampoco es suficiente mostrar reuniones, maquinaria desplegada o decretos de emergencia para sostener que Lima estaba preparada.

La población necesita obras terminadas, infraestructura moderna y sistemas capaces de soportar las precipitaciones. No puede convertirse en costumbre que cada temporada de lluvias encuentre a las mismas familias con sus viviendas inundadas y sus pertenencias destruidas.

El Gobierno de Keiko Fujimori debe explicar qué hizo con las advertencias que recibió, cuánto dinero invirtió y por qué los problemas que ya habían provocado una emergencia en agosto vuelven a repetirse en noviembre.

Porque gobernar no significa solamente reaccionar cuando ocurre una desgracia. También significa anticiparse, prevenir y proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.

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