La caída de Ueno Bank, la crisis de confianza, los fondos públicos comprometidos y la destitución de Santiago Peña exponen los riesgos de una relación demasiado estrecha entre el poder político y los grandes grupos económicos.
Lo que está ocurriendo en Paraguay no es simplemente la caída de un banco. Es una crisis que ha puesto en discusión la transparencia del poder, la responsabilidad de las autoridades y la capacidad de los organismos fiscalizadores para proteger el dinero de los ciudadanos.
El colapso de Ueno Bank, una entidad financiera privada que llegó a captar cerca de tres millones de clientes, desencadenó una tormenta económica, social y política que terminó con la salida del presidente Santiago Peña, perteneciente al conservador Partido Colorado.
El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. Millones de clientes quedaron temporalmente sin acceso a sus depósitos, mientras las autoridades comenzaron a investigar las operaciones financieras de la entidad.
Ueno Bank experimentó una expansión impresionante en pocos años. Llegó a captar aproximadamente 2,8 millones de depositantes y administraba cientos de millones de dólares en depósitos, incluidos importantes recursos de instituciones públicas.
Pero detrás de ese crecimiento aparecieron cuestionamientos sobre la calidad de sus créditos, la documentación de determinadas operaciones y los préstamos concedidos a empresas relacionadas con el grupo empresarial propietario.
Las investigaciones apuntan a operaciones crediticias con empresas vinculadas al Grupo Vázquez, así como a posibles irregularidades contables y financieras.
El problema de fondo es elemental: un banco puede exhibir millones de clientes, una presencia comercial importante y un crecimiento acelerado, pero si sus activos no tienen el respaldo suficiente y sus préstamos no pueden recuperarse, su aparente fortaleza puede convertirse en una enorme vulnerabilidad.
El Banco Central confirmó que, después de los ajustes realizados a los estados financieros durante el proceso de regularización, la solvencia de Ueno quedó por debajo del 50 % del mínimo requerido.
EL DINERO DE LOS CIUDADANOS EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA
Uno de los aspectos más preocupantes es la exposición de recursos públicos.
Ueno mantenía alrededor de 800 millones de dólares en depósitos de instituciones públicas, según Associated Press. Entre las entidades expuestas se encontraba el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra recursos destinados a la seguridad social y las jubilaciones.
Aquí surge una pregunta que no puede quedar sin respuesta: ¿con qué criterios se decidió colocar semejantes cantidades de dinero público en una entidad financiera que terminó presentando graves problemas de solvencia?
El dinero de las jubilaciones, los fondos institucionales y los recursos de los organismos públicos no pertenecen a los funcionarios que toman las decisiones. Pertenecen a los ciudadanos y deben administrarse bajo estrictos criterios de seguridad, transparencia y responsabilidad.
SANTIAGO PEÑA: LOS VÍNCULOS EMPRESARIALES QUE COMPLICARON AL GOBIERNO
La crisis adquirió una dimensión política mucho mayor cuando se conocieron los vínculos empresariales anteriores de Santiago Peña con el entorno corporativo de Ueno.
Peña había sido accionista de Ueno Holding, empresa vinculada al grupo propietario del banco. También había nombrado como presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien anteriormente había dirigido Ueno.
Estos antecedentes abrieron cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la independencia de las autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero.
No se trata de afirmar que toda relación empresarial constituye un delito. El problema institucional aparece cuando quienes deben garantizar la fiscalización mantienen vínculos previos con los intereses económicos sometidos a control.
La Fiscalía abrió investigaciones sobre las posibles responsabilidades de Peña y otros involucrados. El expresidente niega haber cometido irregularidades.
LA CRISIS TERMINÓ CON LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE
El escándalo terminó desbordando las fronteras del sistema financiero.
Las protestas ciudadanas, las investigaciones fiscales y el cuestionamiento parlamentario debilitaron al Gobierno. Santiago Peña presentó su renuncia el 5 de noviembre, pero la Cámara de Diputados rechazó su dimisión y decidió continuar el procedimiento de juicio político.
El 6 de noviembre, el Senado lo destituyó mediante el procedimiento constitucional. Posteriormente, asumió la Presidencia el vicepresidente Pedro Alliana.
Peña quedó además sometido a una investigación penal y a medidas judiciales. La destitución política no equivale por sí misma a una condena penal.
¿Y LOS AHORRISTAS? ¿QUIÉN RESPONDE POR EL DINERO?
Mientras el escándalo político ocupaba los titulares, millones de paraguayos enfrentaban un problema mucho más inmediato: no podían disponer libremente de sus ahorros.
El Estado tuvo que activar los mecanismos de garantía de depósitos y organizar la devolución de los recursos dentro de los límites legales.
Pero hay una diferencia fundamental entre devolver los depósitos garantizados y esclarecer qué ocurrió con el dinero que el banco recibió y posteriormente prestó.
La investigación debe determinar quiénes recibieron esos créditos, qué garantías ofrecieron, cuánto dinero se recuperará y si existieron operaciones destinadas a beneficiar a empresas vinculadas con los propietarios.
No basta con tranquilizar a los ahorristas. También debe establecerse quiénes tomaron las decisiones y quiénes deben responder por las eventuales pérdidas.
UNA REFLEXIÓN PARA AMÉRICA LATINA
El caso paraguayo deja una lección que trasciende sus fronteras.
En América Latina hemos visto repetidamente cómo determinados grupos económicos adquieren una enorme influencia, cómo se establecen relaciones cercanas entre empresarios y autoridades y cómo, en ocasiones, los mecanismos de fiscalización parecen no actuar con la oportunidad que exige el interés público.
No es un problema exclusivo de gobiernos de derecha, centro o izquierda. La transparencia, la independencia de los organismos supervisores y la protección de los recursos ciudadanos deben ser exigencias para cualquier administración.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre cuando quienes deben vigilar al poder económico terminan demasiado cerca de quienes lo ejercen?
Paraguay tiene ahora la obligación de esclarecer los hechos, recuperar los recursos que correspondan y establecer responsabilidades sin privilegios ni persecuciones políticas.
Porque una democracia no se mide solamente por la celebración de elecciones o la alternancia de sus gobernantes. También se mide por su capacidad de investigar a quienes concentran poder, proteger el patrimonio público y garantizar que la ley se aplique sin distinciones.
DESDE EL SUR DE LA PATRIA, UNA MIRADA CRÍTICA A LA REALIDAD.
El dinero de los ciudadanos no puede convertirse en instrumento de negocios particulares ni la cercanía con el poder debe ser una garantía de impunidad.
Cuando falla la fiscalización, la factura termina pagándola la ciudadanía.
Fuentes periodísticas y documentales para sustentar la publicación:
