En una situación económica y social crítica, donde las principales instituciones de salud pública están al borde del colapso, el Congreso de la República ha aprobado un escandaloso seguro médico privado de lujo para sus 130 parlamentarios y sus familias, con un costo total superior a los S/ 9.5 millones para el periodo 2025-2026. Este beneficio, aprobado sin el debido proceso de licitación pública, ha desatado una ola de indignación entre la ciudadanía, que se pregunta cómo es posible que los políticos se beneficien de lujos mientras la salud de los peruanos más necesitados se deteriora día a día.
El lujo al alcance de unos pocos
Con un costo mensual de más de S/ 2,500 por congresista, este seguro privado de salud representa un gasto anual de más de S/ 30,000 por cada miembro del Congreso. Mientras millones de ciudadanos sufren para acceder a atención médica básica en hospitales públicos saturados, los congresistas disfrutarán de atenciones en clínicas privadas de prestigio, con coberturas que incluyen hospitalizaciones, emergencias médicas, partos, cesáreas y hasta operaciones de alta complejidad. Además, se les garantiza atención médica ilimitada y hasta la posibilidad de recibir segundas opiniones en el extranjero, con una cobertura de hasta 35,000 dólares. Este nivel de servicio no solo se limita a los parlamentarios, sino que se extiende a sus familiares directos, como hijos, parejas y padres, sin ningún costo adicional para ellos.
La crisis de la salud pública: ¿y los congresistas?
La realidad del sistema de salud pública peruano es una cara completamente distinta. Mientras los congresistas se benefician de un sistema de salud privado de élite, millones de peruanos se ven obligados a esperar meses para ser atendidos en hospitales públicos, algunos de los cuales no cuentan ni con los insumos básicos para ofrecer un diagnóstico adecuado. Los hospitales, saturados y sin recursos, no pueden garantizar la atención oportuna de los pacientes, que deben esperar en interminables listas de espera para recibir atención médica urgente. Este sistema de salud, colapsado y abandonado, representa una constante amenaza para la vida de los ciudadanos más vulnerables, que no tienen más opción que recurrir a los centros de salud públicos.
En contraste, los congresistas se eximen de las dificultades que enfrentan los peruanos a diario. En lugar de hacer uso de los servicios de salud pública, prefieren optar por seguros médicos privados que no solo cubren gastos médicos comunes, sino que también les brindan una atención preferencial en el extranjero, con cobertura para una amplia gama de servicios que no están disponibles en los hospitales públicos.
La falta de transparencia y la adjudicación directa
Lo que hace aún más alarmante esta situación es el proceso mediante el cual se aprobó el contrato para este seguro médico. La Mesa Directiva del Congreso decidió adjudicar el contrato directamente a la aseguradora Rímac, sin recurrir a un proceso de licitación pública, lo que pone en evidencia la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Este tipo de decisiones no solo carece de justificación, sino que también deja claro el desdén con el que los congresistas manejan el dinero del pueblo, privilegiando sus propios intereses por encima de las necesidades de la ciudadanía.
El doble discurso de los congresistas
Es inaceptable que en un país como Perú, donde millones de ciudadanos luchan a diario por sobrevivir a la precariedad de los servicios públicos, los congresistas se concedan lujos de esta magnitud. Esta aprobación del seguro médico privado no es un hecho aislado, sino un reflejo del distanciamiento cada vez mayor entre los intereses de los políticos y las necesidades de la población. Mientras el Congreso sigue blindándose con beneficios de lujo, las clases más pobres deben enfrentar un sistema de salud que no ofrece garantías mínimas de calidad.
Este acto de egoísmo y desconexión con la realidad de la ciudadanía no hace más que profundizar la desconfianza de la gente en sus representantes. Los congresistas, que deberían ser los primeros en dar el ejemplo de austeridad y compromiso con el bienestar de la población, prefieren proteger sus intereses personales, mientras que millones de peruanos carecen incluso de los recursos más básicos para acceder a atención médica.
Una llamada a la reflexión
Es momento de que los congresistas reflexionen sobre el verdadero significado de su labor: ser servidores públicos, representantes del pueblo, no privilegiados que se aprovechan de su posición para asegurarse lujos y beneficios a costa del sufrimiento de los más necesitados. El Congreso debe empezar a priorizar el bienestar de la mayoría y no el de unos pocos, y este tipo de decisiones debe ser revisado con urgencia. No podemos seguir permitiendo que el gobierno de unos pocos sea financiado con los sacrificios de toda una nación.
Este tipo de decisiones, tan alejadas de la realidad social y económica del país, no hacen más que perpetuar las desigualdades y mostrar que, para algunos, el Perú sigue siendo un país donde los intereses de las élites priman sobre las necesidades de la gran mayoría.