El Congreso de la República a través de su presidente Eduardo Salhuana ha presentado un proyecto de ley en la cual solicitan modificar el artículo 71 de nuestra constitución en la cual reducen de 50 km. a 20 km. el área en la que los extranjeros pueden adquirir propiedades en suelo peruano. Esta iniciativa ha generado desazón y polémica ya que al proponer la modificación del Artículo 71 de la Constitución, el cual regula las restricciones a los extranjeros en la propiedad de tierras y recursos dentro de los 50 kilómetros de las fronteras del país. Esta iniciativa ha desatado una ola de críticas por parte de expertos en seguridad y defensa, quienes consideran que tal cambio vulnera gravemente la soberanía y la seguridad nacional.
El artículo 71 en cuestión establece que «dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer bajo título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles u otros recursos naturales, directa o indirectamente». Este texto tiene como principal objetivo preservar el control estratégico de zonas limítrofes, fundamentales para la integridad territorial y la defensa del país.
La propuesta del Congreso busca «flexibilizar» estas restricciones, permitiendo que extranjeros puedan adquirir tierras en zonas fronterizas bajo ciertas condiciones. Los defensores de la modificación argumentan que esto impulsaría la inversión extranjera en áreas remotas, fomentando el desarrollo económico y mejorando las condiciones de vida de las poblaciones cercanas.
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Diversos sectores, incluidos expertos en geopolítica y las Fuerzas Armadas, han alertado sobre los riesgos que podría acarrear la modificación de este artículo. Según estos especialistas, permitir la adquisición de tierras por parte de extranjeros en zonas estratégicas podría abrir la puerta a situaciones de control territorial por parte de actores extranjeros, debilitando la capacidad de defensa del país en caso de conflictos.
Uno de los mayores temores es que naciones con intereses en la región, o incluso empresas privadas con respaldo estatal, utilicen esta nueva normativa para obtener control sobre recursos naturales claves o territorios cercanos a fronteras, con posibles implicaciones geopolíticas a largo plazo.