Por: Visión Macrosur
La política tacneña vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Luego de que el Jurado Electoral declarara improcedente la candidatura de la postulante a la Alcaldía Provincial de Tacna por el movimiento regional Fuerza Tacna, el actual gobernador regional, Luis Torres Robledo, encabezará oficialmente la lista con la que dicha organización buscará llegar al municipio provincial.
Aunque el procedimiento se desarrolla dentro del marco de la legislación electoral vigente, la decisión ha generado una ola de cuestionamientos entre la ciudadanía, donde cada vez toma mayor fuerza la percepción de que este escenario no habría sido producto de la casualidad, sino de una estrategia política diseñada desde el inicio para garantizar que Luis Torres terminara liderando la candidatura, aprovechando los vacíos o interpretaciones de la norma.
De confirmarse esta percepción, estaríamos ante un caso que, si bien podría ajustarse formalmente a la ley, abriría un serio debate sobre el espíritu de la legislación electoral y sobre si esta puede ser utilizada para obtener ventajas políticas sin vulnerar expresamente la norma.
De lograr el respaldo mayoritario en las urnas, Luis Torres Robledo regresaría a la Municipalidad Provincial de Tacna, institución que ya dirigió en varias oportunidades, pese a que actualmente continúa ejerciendo el cargo de gobernador regional.
Con más de tres décadas de trayectoria política, Torres ha ocupado diversos cargos públicos y es una de las figuras más influyentes de la política regional. Sin embargo, su gestión al frente del Gobierno Regional también ha sido objeto de críticas. Diversos sectores de la sociedad civil, especialistas y actores políticos sostienen que, después de más de tres años de administración, aún no existe una obra emblemática de gran envergadura ejecutada y culminada íntegramente por su gestión, pese a las expectativas que generó al asumir el cargo. En respuesta, el Gobierno Regional sostiene que viene impulsando proyectos estratégicos, mejorando la ejecución presupuestal y desarrollando diversas obras de infraestructura, muchas de las cuales continúan en ejecución, planificación o son ejecutadas conjuntamente con el Gobierno Nacional.
Más allá del aspecto legal, el caso ha abierto un profundo debate ético y político. Para un creciente sector de la población tacneña, la secuencia de los acontecimientos resulta difícil de considerar como una simple coincidencia. Por el contrario, sostienen que todo habría estado cuidadosamente planificado para que, ante la eventual improcedencia de la candidatura inicialmente presentada, Luis Torres terminara encabezando la lista sin haber renunciado anticipadamente a su cargo de gobernador.
Si bien esta interpretación forma parte del debate público y no ha sido establecida por autoridad competente, refleja una percepción que viene ganando espacio en la opinión ciudadana.
Lo cierto es que, conforme avanzan los acontecimientos, son más los tacneños que expresan dudas sobre la transparencia de estas maniobras políticas y sobre la necesidad de cerrar los vacíos legales que permiten situaciones como esta. La sensación de que algunos actores políticos encuentran mecanismos para acomodar la ley a sus intereses está alimentando el descontento ciudadano y profundizando la desconfianza hacia la clase política.
El caso de Fuerza Tacna vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el Congreso y las autoridades electorales no pueden seguir postergando: ¿es suficiente cumplir literalmente la ley o también debe respetarse el principio de equidad y transparencia que inspira un proceso electoral democrático?
La ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas. Pero también corresponde al sistema electoral responder si este tipo de situaciones fortalece la democracia o, por el contrario, termina debilitando la confianza de la población en sus instituciones.
La pregunta queda abierta:
¿Estamos frente a un simple vacío legal o ante una estrategia política cuidadosamente diseñada desde el primer momento para alcanzar el mismo objetivo sin vulnerar formalmente la ley?