Operativo “Los Ediles del Mal” pone nuevamente bajo escrutinio a la gestión municipal de Hugo García. Una Mitsubishi 2023 y una empresa dedicada al alquiler de vehículos aparecen en el centro de las pesquisas.
TACNA | VISION MACROSUR
La madrugada de este jueves 27 de agosto, la Municipalidad Distrital de Pocollay volvió a quedar en el centro de la atención pública. Un operativo conjunto de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía, en el marco del denominado caso “Los Ediles del Mal”, incluyó el allanamiento de cinco inmuebles y la incautación de documentación, teléfonos celulares y equipos informáticos.
Entre los inmuebles intervenidos se encuentran propiedades vinculadas al alcalde de Pocollay, Hugo “Tito” García. Según la información difundida por Radio Uno, la investigación fiscal comprende presuntos delitos de negociación incompatible, cohecho y lavado de activos.
Pero detrás del operativo aparece un elemento que merece especial atención: una camioneta Mitsubishi, modelo 2023, de placa Z8E-817.
LA MISTERIOSA RUTA DE LA MITSUBISHI
De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, la Fiscalía estaría examinando la adquisición y posterior utilización de esta camioneta para servicios vinculados a la Municipalidad de Pocollay.
El vehículo habría sido adquirido mediante la empresa Suministro y Servicios Electromecánicos Contratistas S.A.C., identificada con RUC 20532823421, y posteriormente habría sido alquilado a la municipalidad.
La Fiscalía busca determinar si dicha operación se realizó de acuerdo con las normas de contratación pública y si existieron intereses particulares detrás de la contratación.
Es importante precisar que una investigación fiscal no equivale a una sentencia y que corresponde determinar judicialmente la responsabilidad individual de cada persona investigada.
EL DOCUMENTO QUE ABRE OTRA PREGUNTA
En la documentación pública de la Municipalidad de Pocollay aparece la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N.° 194-2024-GAF-MDP-T, de fecha 14 de octubre de 2024.
El documento reconoce una deuda de S/ 3,520 a favor de Suministro y Servicios Electromecánicos Contratistas S.A.C.
El dato adquiere relevancia porque la empresa tiene entre sus actividades económicas el alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.
Sin embargo, hay que ser rigurosos: no se puede afirmar, solamente con ese documento, que los S/ 3,520 correspondan al alquiler de la Mitsubishi Z8E-817.
Precisamente ahí está una de las preguntas que debería responder la investigación:
¿Qué servicio generó esa deuda de S/ 3,520 y qué vehículo estuvo involucrado?
¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE SYSE?
En los registros empresariales consultados, Efraín Moisés Chucuya Callo figura como gerente general de Suministro y Servicios Electromecánicos Contratistas S.A.C.
Pero ser gerente general no significa necesariamente ser propietario o accionista. Para establecer quiénes son los verdaderos accionistas de la empresa se requiere revisar la información societaria correspondiente.
Este punto es fundamental porque la investigación no debería quedarse solamente en identificar al proveedor.
Hay que establecer quiénes son sus propietarios, quiénes administraban la empresa, quién contrató con la municipalidad y qué funcionarios participaron en cada contratación.
LAS PREGUNTAS QUE QUEDAN ABIERTAS
El operativo de este jueves puede ser solamente una parte de una investigación mucho más amplia.
Entre las interrogantes que ahora corresponde esclarecer están:
1. ¿A nombre de quién está registrada la Mitsubishi Z8E-817?
2. ¿Quién compró realmente el vehículo?
3. ¿Cuándo comenzó a ser utilizado por la Municipalidad de Pocollay?
4. ¿Existe una orden de servicio para su alquiler?
5. ¿Cuánto dinero pagó la municipalidad por ese vehículo?
6. ¿Quién autorizó la contratación?
7. ¿Quién otorgó la conformidad del servicio?
8. ¿Por qué aparece un reconocimiento de deuda de S/ 3,520 a favor de SYSE Contratistas?
9. ¿Ese monto corresponde o no al alquiler de la Mitsubishi?
10. ¿Qué otras contrataciones realizó la empresa con la Municipalidad de Pocollay?
Estas preguntas son importantes porque permitirían determinar si estamos frente a una operación administrativa regular o si existió algún mecanismo destinado a favorecer indebidamente a determinados particulares.
POCOLLAY NECESITA RESPUESTAS
El allanamiento no es una sentencia y los investigados mantienen sus derechos y garantías constitucionales.
Pero una investigación anticorrupción de esta magnitud tampoco puede quedar reducida a titulares sobre un operativo policial.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se contrató, cuánto se pagó, quién decidió, quién recibió el dinero y qué servicio recibió realmente la municipalidad.
La transparencia no termina con el allanamiento.
Recién comienza cuando los documentos salen a la luz.
VISION MACROSUR
En Tacna, cada sol del presupuesto público merece ser seguido desde su origen hasta su destino final.
Porque cuando existen dudas sobre una contratación pública, la respuesta no debe ser el silencio: debe ser la documentación.
Nota: Los hechos relacionados con la investigación fiscal son presentados como presuntos y/o materia de investigación. La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.