La liquidación de la empresa petrolera estatal, impulsada desde los escritorios del MEF en Lima, no es solo un error contable. Es el último capítulo de una vieja práctica: extraer riqueza de las regiones y, cuando el modelo fracasa, dejarles los pasivos ambientales, sociales y económicos. Desde el sur, esta no es una crisis financiera, sino una claudicación histórica.
Cuando el ministro de Economía, Alex Contreras, presenta la privatización como la «única solución técnica» para una deuda de US$ 6,500 millones, su mirada no alcanza a ver más allá de los gráficos de riesgo-país. No ve el Lote 192 en Loreto, donde la retirada estatal dejaría a las comunidades indígenas a merced del próximo operador privado, cuyo norte no es el desarrollo local, sino el flujo de caja para sus accionistas en el extranjero. Tampoco ve la Refinería de Talara, un elefante blanco para Lima, pero un activo industrial vital para el norte del país que podría quedar sujeto a los intereses de una multinacional sin compromiso con el abastecimiento interno.
El centralismo limeño, que por décadas ha drenado los recursos del sur y la Amazonía sin construir una verdadera prosperidad compartida, ahora aplica su lógica final: la del administrador de quiebras. Primero extrae, luego abandona. Primero centraliza las decisiones sobre recursos que no son suyos, y cuando el manejo es un desastre, vende los activos remanentes. La privatización de la Refinería de La Pampilla en los 90 dejó a Petroperú coja y dependiente. La venta hoy de lo que queda sería amputarle las piernas. El sur y la selva, una vez más, proveen la materia prima y cargan con los costos de un modelo fallido diseñado en la capital.
El argumento de la «eficiencia privada» es un espejismo en el territorio. En las cuencas petroleras, la eficiencia privada ha significado demasiadas veces maximizar la extracción y minimizar la inversión social y ambiental, dejando conflictos y contaminación. Petroperú, con todos sus pecados, era al menos una entidad sobre la que, en teoría, el Estado y las regiones podían ejercer presión para que cumpla un rol de interés público. ¿A quién reclamarán las comunidades de Cuninico o Alto Nanay cuando el derrame siguiente ocurra y el operador sea una filial de un consorcio internacional con oficinas en Texas? La soberanía no es un discurso; es la capacidad práctica de un país para defender a su gente y su territorio. Vendiendo Petroperú, el Estado renuncia a un instrumento clave de esa defensa.
La verdadera alternativa no es defender el statu quo de corrupción e ineficiencia. Es exigir una reestructuración con visión de nación. Esto implica:
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Una intervención técnica y una capitalización temporal para sanear la empresa, pero con una condición irrenunciable: su futuro directorio debe tener representación técnica de las regiones productoras.
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Un mandato claro y por ley que priorice el abastecimiento energético interno, la remediación ambiental heredada y el desarrollo de encadenamientos industriales locales alrededor de los activos.
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Auditar y sancionar hasta las últimas consecuencias a los responsables políticos y técnicos del saqueo que fue la moderna Refinería de Talara. Que la justicia, por una vez, llegue a los escritorios de Lima.
Lo que el gobierno ofrece, en cambio, es el atajo fácil para Lima: sacar un problema del balance y transferir el control de un recurso estratégico. Para el sur, es una sentencia: confirma que para el poder central somos territorios de extracción, no de prosperidad. La venta de Petroperú no resolverá la crisis; solo cambiará de manos un botín, mientras profundiza el abandono histórico. El sur debe mirar este remate por lo que es: un acto más de centralismo depredador. Y esta vez, no puede permitirlo.