Desde Visión MacroSur
El retorno a la bicameralidad ya es ley. Pero más allá del discurso técnico y constitucional, lo que se impone es una maniobra política que favorece a los congresistas actuales —la mayoría concentrados en Lima— mientras las regiones del sur, como siempre, quedan fuera de las decisiones de poder.
Puno, Cusco, Arequipa, junio de 2025 – Mientras los indicadores de pobreza vuelven a crecer en el sur del país y el acceso a salud, agua y transporte sigue estancado, en Lima el Congreso ya ha sellado su propia ruta de continuidad: la bicameralidad fue aprobada y promulgada en marzo de 2024, creando un Senado de 60 miembros y una Cámara de Diputados de 130.
La medida, que fue presentada como una “reforma para mejorar la calidad legislativa”, ha sido rápidamente capitalizada por los propios congresistas actuales, muchos de los cuales ya se perfilan como candidatos al Senado en las elecciones generales de abril de 2026.
Pero lo más grave no es solo que ellos mismos diseñaron las reglas que les permitirán quedarse en el poder con otro título; lo grave es que pueden hacer campaña mientras siguen en funciones, usando recursos del Estado y sin pedir licencia. En contraste, alcaldes y gobernadores del sur que quieran postular deben abandonar su cargo.
Durante la llamada Semana de Representación, los congresistas recorren sus regiones —algunos sin haber regresado en meses antes—, no para fiscalizar ni escuchar, sino para tomarse fotos, entregar donaciones y aparecer en radio y TV local con promesas electorales, disfrazadas de gestión parlamentaria.
Y todo esto ocurre mientras el Congreso mantiene un gasto exorbitante: cada parlamentario tiene hasta 28 trabajadores a su disposición, y la Mesa Directiva se ha autorizado 46 empleados propios, elevando el gasto mensual a cifras millonarias. ¿Cuántos hospitales, centros de salud o colegios rurales podrían financiarse con ese dinero?
En el sur, donde las brechas son históricas y estructurales, la población observa cómo la llamada “reforma democrática” no cambia nada en la distribución real del poder, ni garantiza más representación regional. Las decisiones siguen tomándose en Lima, con lógica limeña, por políticos que ya se han asegurado cinco años más.
Para muchos ciudadanos del sur, lo que se ha aprobado no es bicameralidad, sino una bicontinuidad del privilegio político, en un país donde las regiones siguen siendo periféricas, escuchadas solo cuando conviene y olvidadas el resto del tiempo.