Para Visión Macrosur
En junio del 2025, el Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley N.º 7129, que modifica la Ley 31145, ampliando los plazos y condiciones para la formalización de predios rurales. Desde entonces, el clima en muchas asociaciones agrarias del sur ha sido de celebración. Dirigentes posan para fotos, invocan “justicia para el hombre del campo” y aseguran que “la tierra por fin tiene dueño”.
Pero tras el discurso oficialista, una historia más compleja y preocupante comienza a emerger: una red de poder informal, liderada por presidentes de asociaciones que se han perpetuado en sus cargos por décadas, usando la bandera de la formalización para controlar territorio, captar votos y en algunos casos, lucrar con el tráfico de tierras.
Un viejo negocio con nueva fachada legal
Desde hace más de dos décadas, distintas normas legales han buscado facilitar la titulación de predios rurales en el Perú. El Decreto Legislativo 1089 (2008), la Ley 31145 (2021) y ahora la Ley 7129 (2025) han ofrecido vías para que familias campesinas obtengan seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y trabajan. El objetivo oficial es claro: fomentar el desarrollo rural, reducir la pobreza y cerrar brechas de informalidad.
Sin embargo, fuentes en gobiernos regionales, oficinas agrarias y organizaciones sociales denuncian que la normativa está siendo utilizada para blanquear ocupaciones ilegales impulsadas por asociaciones manipuladas por dirigentes de dudosa legitimidad.
“Tenemos dirigentes que se hacen llamar representantes del pueblo, pero en realidad son operadores políticos que organizan invasiones, venden lotes y luego presionan por leyes como la 7129 para legalizar todo”, señala un funcionario de una Dirección Regional Agraria, que pidió el anonimato.
Presidentes perpetuos y padrones manipulados
Uno de los patrones más preocupantes detectados en el sur del país —especialmente en zonas como Tacna, Arequipa, Moquegua y Puno— es la existencia de presidentes de asociaciones que no dejan el poder. Algunos llevan más de 20 años al frente de organizaciones agrarias sin haber sido reelegidos por voto directo ni presentar balances de gestión. Estos dirigentes administran el padrón de asociados, asignan lotes, cobran “cuotas de formalización” y usan la esperanza de título como herramienta de control social.
En muchos casos, los terrenos en cuestión pertenecen al Estado. Pero al estar ocupados y organizados, las asociaciones presionan al gobierno central para su formalización.
Predios en litigio: el nuevo botín
La Ley 7129 introdujo un cambio clave y controversial: permite formalizar predios que están en proceso judicial. Esto significa que incluso si un terreno está siendo disputado por el Estado o por otros posesionarios, las asociaciones pueden iniciar trámites para su titulación.
Especialistas advierten que este cambio abre la puerta al chantaje legal y la legitimación de ocupaciones forzadas. “Hoy puedes invadir, resistir en el terreno unos años, y luego empujar una ley que legitime tu presencia. Es el modelo que se está repitiendo”, explica la abogada agrarista Ruth Cárdenas, de la Red de Vigilancia de Tierras.
Formalización con blindaje legal… y silencio institucional
A pesar de las múltiples denuncias y alertas, el Estado parece tener poco control sobre cómo se están aplicando estas leyes. COFOPRI y los gobiernos regionales —encargados del proceso— no cuentan con personal suficiente ni herramientas para verificar la legitimidad de cada posesión. Esto deja el campo libre para que mafias locales travestidas de asociaciones populares se adueñen del proceso.
Además, pocas investigaciones prosperan. Denuncias de tráfico de terrenos, falsificación de padrones, cobros indebidos y amenazas a opositores quedan archivadas por falta de pruebas o presión política local.
¿Y el agricultor verdadero?
En medio de este escenario, el campesino que realmente necesita seguridad jurídica —aquel que heredó la tierra o la trabaja desde hace décadas— es el menos beneficiado. Debe competir con ocupantes recientes, enfrentar dirigencias cerradas y navegar en un sistema legal manipulado.
“Al final, el título llega para el que tiene llegada con el presidente de la asociación, no para el que trabaja la tierra”, afirma una agricultora de Pocollay, en Tacna, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.
¿Formalización o legalización del despojo?
La tierra en el Perú ha sido históricamente fuente de conflicto, desigualdad y violencia. Las leyes de formalización buscan corregir esas injusticias, pero si no se aplican con transparencia, fiscalización y control, pueden convertirse en su contrario: una herramienta de legalización del despojo organizado.
Visión Macrosur seguirá investigando este fenómeno, dando voz a los verdaderos agricultores y exigiendo al Estado que formalizar no se convierta en sinónimo de entregar impunidad.