La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha alcanzado un nivel histórico de desaprobación ciudadana. Según la última encuesta nacional de IPSOS, la mandataria registra un 2% de aprobación, pero si tomamos en cuenta el margen de error que se maneje entre 2.5%, estariamos hablando que virtualmente tiene 0% de aprobación, un dato sin precedentes que refleja el profundo rechazo popular hacia su gestión.
El resultado ha generado sorpresa y debate en todo el país, marcando un punto crítico en el escenario político nacional. Aunque en los últimos meses su popularidad había mostrado una caída sostenida, la cifra difundida por IPSOS confirma que Boluarte ha perdido completamente el respaldo ciudadano.
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte ha enfrentado constantes crisis: movilizaciones masivas, denuncias de violaciones a los derechos humanos, investigaciones fiscales, un estilo de gobierno marcado por el aislamiento político y, recientemente, un escándalo mediático por la adquisición de relojes de lujo y bienes no declarados.
A pesar de los intentos de su entorno por minimizar el impacto de estos hechos, los resultados de la encuesta reflejan una percepción de desconexión total entre el Ejecutivo y la población.
El sondeo de IPSOS, realizado a nivel nacional, indica que la desaprobación de Boluarte es transversal: abarca todos los sectores sociales, regiones y niveles económicos. Incluso en zonas donde tradicionalmente el Ejecutivo solía tener cierto respaldo, la percepción es de abandono, descontento y desconfianza.
Para muchos analistas políticos, este 0% no solo es un número simbólicamente devastador, sino que cuestiona seriamente la legitimidad del actual gobierno para seguir gobernando sin un mínimo respaldo ciudadano.
La falta de apoyo popular se suma a la parálisis del aparato estatal, la escasa coordinación con el Congreso —también ampliamente desaprobado— y una creciente percepción de falta de rumbo. Mientras tanto, las demandas sociales siguen acumulándose sin respuesta clara del Ejecutivo: pobreza, inseguridad, crisis de salud, educación colapsada y corrupción.
Aunque constitucionalmente Dina Boluarte puede permanecer en el cargo hasta 2026, la presión política y social podría intensificarse tras estos resultados. Algunos sectores ya están pidiendo su renuncia, mientras otros exigen elecciones anticipadas o una reforma total del sistema político.
Por ahora, la presidenta no ha emitido una declaración oficial sobre la encuesta. Sin embargo, el mensaje que deja el 0% de aprobación es claro: la ciudadanía ya no cree en ella ni en su gobierno.