Otra vez la política municipal en Tacna queda bajo cuestionamiento. Esta vez, el ojo de la tormenta apunta contra los regidores de la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa, luego que se presentara una solicitud de vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acusándolos de haberse aprobado dietas presuntamente excesivas y sin el debido sustento técnico ni presupuestal.
El ciudadano Javier Ulises Farías Esquivel presentó formalmente el pedido contra 11 regidores, señalando que mediante el Acuerdo de Concejo N.º 015-2023 se habría aprobado una dieta mensual de S/ 2,730.00, decisión que hoy genera fuertes cuestionamientos por un posible favorecimiento económico dentro de la propia gestión municipal.
La gran interrogante es inevitable:
¿Realmente existía necesidad de incrementarse las dietas en medio de tantas carencias que enfrenta la población albarracina?
Mientras miles de vecinos continúan reclamando mejores pistas, seguridad ciudadana, áreas verdes, limpieza pública y obras prioritarias, las autoridades parecen haber encontrado rapidez únicamente cuando se trata de aprobar beneficios para sí mismos.
El documento sostiene que el incremento habría sido aprobado sin informes técnicos sólidos, sin una evaluación financiera adecuada y presuntamente ignorando restricciones presupuestales establecidas por el Gobierno Central y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Pero más allá del aspecto legal, el caso vuelve a poner sobre la mesa una vieja práctica de la política peruana: autoridades que llegan prometiendo austeridad y terminan priorizando privilegios.
Y aquí aparece un tema de fondo que pocas veces se discute con claridad: la desconexión entre el discurso político y la realidad ciudadana.
Porque mientras el vecino lucha diariamente para sobrevivir en una economía golpeada, algunos funcionarios públicos parecen vivir en una burbuja donde las dietas, bonos y beneficios se aprueban con sorprendente facilidad.
Ahora bien, jurídicamente el caso no sería tan sencillo. Señalan que una presunta irregularidad administrativa no necesariamente configura causal automática de vacancia, ya que la ley exige causales específicas para retirar a una autoridad elegida democráticamente.
Sin embargo, aunque el pedido pudiera no prosperar en el JNE, el daño político ya está hecho.
La ciudadanía vuelve a observar con indignación cómo las discusiones municipales giran alrededor del dinero de las autoridades y no de las verdaderas urgencias de Tacna.
Porque al final, el gran problema no es solo cuánto ganan los regidores.
El verdadero problema es qué resultados concretos recibe la población a cambio.