La ex premier Betssy Chávez, detenida preventivamente en el penal de Chorrillos, anunció el inicio de una huelga de hambre seca como medida de protesta contra la decisión judicial que prolongó su prisión preventiva.
Este tipo de huelga implica la negativa a consumir alimentos y líquidos, lo que en teoría podría poner en riesgo la vida de una persona en pocos días. Sin embargo, especialistas señalan que en los penales del Perú ningún interno puede dejar de recibir atención médica, ya que por norma el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tiene la obligación de intervenir para preservar la salud e integridad del recluso.
Es decir, la vida de Betssy Chávez no estaría realmente en peligro, pues al primer signo de descompensación se activan protocolos médicos, lo que en la práctica evita que una huelga de hambre seca llegue hasta consecuencias fatales.
Desde su entorno político y familiar, la medida ha sido presentada como un acto de resistencia frente a lo que llaman una «persecución judicial». Pero para muchos analistas, este tipo de acciones terminan siendo más simbólicas y mediáticas que efectivas, pues no logran cambiar el rumbo de un proceso judicial que avanza con plazos y acusaciones ya establecidos.
En este escenario, la pregunta que queda abierta es:
👉 ¿Estamos ante una verdadera lucha de resistencia o ante una estrategia para victimizarse frente a la opinión pública?