Dos empresas chinas del consorcio constructor están sancionadas por el Estado peruano
Tacna. Un reciente reportaje emitido por el programa de investigación Cuarto Poder, del canal América Televisión, ha generado fuerte polémica en la región tras exponer serias irregularidades en torno al megaproyecto de la Doble Vía Tacna–Boca del Río, cuyo presupuesto supera los S/ 500 millones y que se ejecutará bajo la modalidad de Obras por Impuestos.
La investigación televisiva reveló que dos de las tres empresas chinas que integran el consorcio ejecutor tienen sanciones vigentes o antecedentes de faltas graves con el gobierno peruano. Se trata de China Railway N°10 Engineering Group Co. Ltd. y China Harbour Engineering Company, compañías que en otros procesos de contratación pública han sido observadas o penalizadas por incumplimientos contractuales, demoras injustificadas, sobrecostos y deficiencias técnicas en obras previas.
Pese a estos antecedentes, ambas fueron habilitadas para formar parte del consorcio que ganó la buena pro del proyecto, lo cual ha encendido las alarmas entre expertos en contrataciones del Estado, ingenieros civiles y líderes de opinión regional.
Un proyecto millonario, muchas sombras
La Doble Vía Tacna–Boca del Río ha sido presentada por el Gobierno Regional de Tacna como una obra clave para dinamizar el turismo y el comercio hacia el litoral tacneño. Sin embargo, su licitación, selección y ahora ejecución se ven empañadas por serios cuestionamientos técnicos, políticos y éticos.
En el reportaje de Cuarto Poder, se detalla que las empresas chinas involucradas en el consorcio presentan sanciones registradas en el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), lo cual, si bien no necesariamente impide su participación en todos los procesos, sí debería haber generado una advertencia pública o una revisión más rigurosa por parte de la entidad convocante.
Además, se menciona que el Gobierno Regional de Tacna no transparentó esta información al momento de firmar el convenio con Southern ni durante la etapa de promoción del proyecto, lo cual agrava la percepción de irregularidad.
Southern y el silencio institucional
La obra será ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, es decir, no es una donación de Southern, sino una compensación fiscal. La minera financia directamente la ejecución y luego descuenta el monto invertido del impuesto a la renta que debe pagar al Estado. Esta modalidad, si bien puede acelerar obras públicas, ha sido criticada por permitir que grandes empresas escojan proyectos sin mayor control ciudadano, además de abrir espacio para posibles arreglos con gobiernos regionales o locales.
Hasta la fecha, ni el gobernador regional Luis Torres Robledo, ni los representantes de Southern Peru, han respondido con claridad a las observaciones hechas por el reportaje televisivo. La ausencia de respuestas alimenta el malestar y la desconfianza de un sector importante de la población tacneña.
¿Qué consecuencias puede traer esto?
De confirmarse las irregularidades, el proyecto podría verse paralizado por observaciones legales, ya sea por parte de la Contraloría, el OSCE o incluso el Ministerio de Economía y Finanzas, que supervisa las obras bajo el esquema OxI. También podría haber consecuencias políticas: el papel del Gobierno Regional de Tacna en esta licitación podría generar investigaciones en el Congreso o la Fiscalía Anticorrupción.
Líderes sociales y periodistas locales ya exigen una auditoría técnica independiente, así como la publicación completa del contrato y de los expedientes del proceso de selección. “No podemos permitir que la carretera más importante de Tacna sea construida por empresas con antecedentes oscuros. Esta obra no puede ser otra oportunidad perdida para el desarrollo real de nuestra región”, sostuvo un dirigente del distrito de Gregorio Albarracín.