Para VISION MACROSUR
La reciente controversia en torno a la posible reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación ha reavivado el debate sobre la legalidad de las decisiones institucionales en el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Diversas voces políticas y jurídicas se han pronunciado, mientras el caso sigue bajo revisión del Tribunal Constitucional (TC). Pero, ¿es jurídicamente viable su retorno al cargo?
Antecedentes del caso
Patricia Benavides fue destituida en mayo de 2024 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras una investigación que concluyó en la comisión de faltas muy graves, entre ellas interferencia en investigaciones fiscales y vulneraciones al debido proceso. La resolución también incluyó su inhabilitación del cargo por cinco años.
Posteriormente, Benavides presentó una acción de amparo, alegando vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente su demanda en abril de 2025, señalando que el proceso adecuado no era el constitucional, sino el contencioso administrativo, dado que se trataba de una sanción dictada por un órgano del Estado.
Además, el juzgado indicó que su reposición era inviable en la práctica, ya que el cargo de Fiscal de la Nación había sido asumido por Delia Espinoza para el periodo 2024–2027, lo que «sustrae la materia» del conflicto.
El rol del Tribunal Constitucional
Actualmente, el caso ha llegado al Tribunal Constitucional, que admitió a trámite un recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Benavides. Si bien el TC podría revisar si hubo vulneración de derechos fundamentales, incluso una eventual sentencia favorable no garantizaría automáticamente la reposición en el cargo, según expertos constitucionalistas.
Una reposición cuestionada dentro de la JNJ
En junio de 2025, un miembro recientemente incorporado a la JNJ suscribió un documento que, de manera sorpresiva, declaraba la nulidad del proceso sancionador y disponía la restitución inmediata de Patricia Benavides. Sin embargo, esta decisión fue duramente criticada por carecer de quórum institucional y por contravenir el principio de colegialidad que rige en la JNJ.
Diversos especialistas han calificado esta medida como inconstitucional y carente de efectos legales vinculantes, al no haber sido tomada por mayoría ni en sesión formal del pleno del organismo.
¿Qué vías legales quedarían?
En términos legales, la única vía viable sería un proceso contencioso-administrativo que logre anular la resolución sancionadora de la JNJ. No obstante, este camino es largo, no suspende automáticamente los efectos de la destitución, y tendría que resolverse antes de que expire el periodo institucional en disputa.
Incluso si el Tribunal Constitucional encuentra fundamentos para declarar la nulidad del procedimiento, la reposición requeriría una nueva decisión administrativa o judicial, además de resolver el conflicto de titularidad con la actual Fiscal de la Nación.
Conclusión
Hasta el momento, no existe una vía legal clara ni válida que permita la reposición inmediata de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. El rechazo del amparo, la instalación de una nueva titular en el cargo y las inconsistencias jurídicas de las decisiones recientes dentro de la JNJ hacen que su retorno sea, por ahora, legalmente inviable.
El país sigue a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, que podría marcar un precedente en la relación entre órganos autónomos y el control de decisiones administrativas sancionadoras.