La fiscal Milagros Salazar tiene virtualmente lista una sólida acusación por lavado de activos en contra de Renovación Popular, heredera de la corrupta Solidaridad Nacional.
A seis meses de las elecciones generales de 2026 la fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial Lava Jato, prepara para noviembre una acusación por lavado de activos contra Renovación Popular, la plataforma política del alcalde de Lima y aspirante presidencial Rafael López Aliaga.
Con los plazos de la investigación preparatoria ya concluidos, según adelantaron fuentes del caso, la fiscal Salazar ultima los acuerdos de colaboración eficaz que servirán de sustento a la acusación.
El Ministerio Público sostiene que Renovación Popular es responsable de lavado de dinero porque es la misma persona jurídica que antes operaba como Solidaridad Nacional y cuya estructura fue utilizada para canalizar aportes ilícitos de Odebrecht y OAS en 2014.
En abril la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, entonces encabezada por Silvana Carrión, solicitó al Poder Judicial que Renovación Popular, junto con los demás investigados en este caso, asuma de manera solidaria el pago de 238 millones de dólares por concepto de reparación civil.
La petición, que plantea incorporarlo como tercero civil responsable por los aportes ilícitos de Odebrecht y OAS, desató una campaña de ataques contra Carrión en redes y en medios próximos a López Aliaga, quien reclamó públicamente su destitución. El Poder Judicial aún no se ha pronunciado sobre el pedido.
El 5 de septiembre Carrión fue apartada del cargo por decisión del Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado, subordinado al ahora exministro de Justicia Juan José Santiváñez.
Conocido en los penales de Trujillo como “Cachetón”, Santiváñez necesitó menos de dos semanas en esa cartera para atender las exigencias del burgomaestre de Lima y remover a la procuradora.
Este miércoles Santiváñez presentó su renuncia, justo cuando vencía el plazo para que las autoridades dimitieran si desean participar en las elecciones de 2026. Diversas fuentes señalan que uno de los partidos dispuestos a acogerlo como candidato al Senado es, cómo no, Renovación Popular.
La trama que complica al partido del ultraconservador Rafael López Aliaga ha sido reconstruida por la Fiscalía a partir de colaboradores eficaces, testigos e investigados. El resultado es un expediente tan voluminoso como revelador.
Una tarde del año 2014, en el departamento N° 1101 de un edificio con vista al malecón de Miraflores, Martín Bustamante Castro recibió un sobre manila sellado con cinta adhesiva. Luego otro. Y un tercero. En total, 200,000 dólares. Los emisarios, según la investigación fiscal, eran Raymundo Trindade Serra, entonces ejecutivo de Odebrecht, y Raúl Pereira Neto, apoderado de la concesionaria “Rutas de Lima”.
Ese es el punto de partida de un esquema que, según la Fiscalía, financió la campaña municipal de 2014 de Luis Castañeda Lossio y que hoy compromete a Renovación Popular, heredero jurídico de Solidaridad Nacional.
La figura clave es Bustamante, dirigente de Solidaridad, operador de confianza de Castañeda y enlace con los financistas. Su papel, de acuerdo con el expediente, consistió en recibir dinero ilícito de Odebrecht y OAS y trasladarlo a los cuadros del partido, en particular a José Luna Gálvez, entonces secretario general y jefe de campaña.
Además de los 200,000 dólares que Odebrecht hizo llegar a su departamento, Bustamante habría recibido otros 480,000 dólares de OAS repartidos en tres entregas ese mismo año.
El método, aseguran los testigos, no variaba: sobres manila en una mochila de laptop, sin bancarización de por medio. El destino casi siempre era la sede de Telesup en la cuadra 35 de la avenida Arequipa, donde Luna –fundador de esa universidad y hoy líder del partido Podemos Perú– contaba los fajos y los guardaba.
El Ministerio Público sostiene que ese dinero se blanqueó en la contabilidad partidaria, a través de “aportes de campaña” declarados a nombre de terceros, pagos de “honorarios” a Castañeda con cheques de Telesup, e incluso mediante la compra de un vehículo que figuraba a nombre de Bustamante, pero que usaba el alcalde de Lima.
Bustamante declaró que los 200,000 dólares de Odebrecht se repartieron de la siguiente manera: 100,000 dólares para Luna; 70,000 para José Quispe Lévano, entonces jefe de prensa del partido; y dos entregas de 15,000 para Jorge Zegarra Lévano, asesor cercano a Castañeda. Todo en efectivo, todo por fuera del sistema financiero. La orden era canalizar esos fondos negros a la maquinaria electoral.
Una escena descrita en el expediente ilustra ese mecanismo. A pedido de Zegarra, Bustamante acudió a un banco de Jesús María con una bolsa de plástico negra. Depositó 300,000 soles para pagar pautas televisivas que originalmente sumaban 600,000. Después pidió a las agencias de publicidad que ajustaran los contratos a la cantidad realmente desembolsada. Ese mismo día, según su testimonio, remitió por correo las pautas “corregidas” a Panamericana, Latina y América TV.
En total, según el expediente, la campaña de 2014 de Luis Castañeda recibió 980,000 dólares en aportes ilícitos: 480,000 de OAS y 500,000 de Odebrecht. Dinero en efectivo, mochilas cargadas de sobres manila y transferencias encubiertas que, según los investigadores, salieron de las cajas negras de las constructoras brasileñas y terminaron bajo control de la estructura partidaria de Solidaridad Nacional. Una década después esa herencia compromete a su sucesor político, Renovación Popular.
Tras el batacazo electoral de 2020 –apenas un 1,5 % de votos y ningún escaño en el Congreso–, Solidaridad convocó a un congreso extraordinario y decidió cambiar de piel: pasó a llamarse Renovación Popular. El Jurado Nacional de Elecciones reconoció el rebautizo en diciembre de 2020 y la SUNAT actualizó el RUC en septiembre de 2021.
Para la Fiscalía ese cambio no borra el pasado ni rompe la continuidad jurídica: se trata de la misma persona con otro nombre. Y si sus dirigentes usaron el partido para lavar dinero en la campaña municipal de 2014, la organización debe responder ahora como tercero civil responsable.
El argumento se ancla en el artículo 1981 del Código Civil –quien tiene a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado en ejercicio del cargo– y en un cuadro orgánico concreto: José Luna actuaba como secretario general, Julio Torres como tesorero y Jorge Zegarra y Martín Bustamante como dirigentes y operadores partidarios. Todo ello, según la Fiscalía, mientras fluía el dinero.
A esa tesis se suman señales de ocultamiento: informes de la ONPE con aportantes que luego negaron haber donado y reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera que calificaron como sospechosos los cobros de cheques de Telesup a favor de Castañeda.
Con ese andamiaje, la Fiscalía afina su acusación y la Procuraduría espera que el partido –hoy liderado por Rafael López Aliaga– responda por los daños económicos derivados de los presuntos delitos cometidos bajo su estructura.
Según fuentes fiscales consultadas por este semanario, Martín Bustamante ha alertado a la fiscal Milagros Salazar de recientes intentos de acercamiento por parte del alcalde de Lima. El exoperador de Castañeda, pieza central de la acusación, teme que esas presiones deriven en amenazas contra su seguridad.
El temor no es nuevo. Paula Maguiña, viuda de José Miguel Castro, exgerente municipal de Susana Villarán y testigo clave del caso, declaró a la Fiscalía que su esposo temía que Rafael López Aliaga intentara dañarlo. “Siempre me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño. El único nombre que me dio fue el del alcalde de Lima”, dijo.
La preocupación tenía un trasfondo concreto. Durante la gestión de Villarán, Castro presidió la Caja Metropolitana de Lima y contrató a dos empresas de López Aliaga, operaciones hoy investigadas por la Fiscalía de Lavado de Activos. Convertido en aspirante a colaborador eficaz, Castro estaba obligado a contar lo que sabía sobre esos negocios. Sin embargo, el 29 de junio apareció muerto en su casa con un tajo en el cuello de 27 centímetros de largo y 4.5 de profundidad.
La ofensiva no se limita a los testigos. Alcanza también a las autoridades. Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, denunció que López Aliaga la hostigaba con ataques públicos, denuncias internas y mensajes directos.
Según un informe remitido a la Procuraduría General del Estado, al cual tuvo acceso esta revista, el burgomaestre le exigía por WhatsApp sumarse a la demanda internacional sobre Rutas de Lima y advertía que, si no lo hacía, la acusaría de perjudicar al Estado.
El episodio no quedó en lo privado. López Aliaga llevó su presión a los medios y a las redes sociales, donde inició una campaña feroz contra Carrión, a quien tildó de “ignorante”. Medios cercanos a Renovación Popular amplificaron el ataque y la bancada del partido terminó sumándose al pedido de destitución. Poco después, Carrión fue apartada del cargo.
Ahora la puntería de López Aliaga y su bancada está sobre los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, del equipo Lava Jato, el mismo que lleva el expediente contra su partido.
El Congreso creó una comisión para investigar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y el presidente del grupo no es otro que Alejandro Muñante, congresista rabioso de Renovación Popular.
El grupo de trabajo ha decidido pasar de testigos a investigados a siete personas: los fiscales Pérez y Vela, la exprocuradora Silvana Carrión, la jueza María Álvarez, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos y el director de IDL Reporteros Gustavo Gorriti.
Todos figuran bajo sospecha de supuestamente haber favorecido a Odebrecht con un pacto que, en su momento, fue avalado por el Poder Judicial. El informe final será presentado en octubre, justo antes de que el equipo especial de Vela formule su acusación contra Renovación Popular por lavado de activos.
En la práctica, el papel de la Comisión Muñante parece hecho a la medida de Tomás Gálvez. El Fiscal de la Nación interino, hoy celebrado por el fujimorismo y la ultraderecha, ya propuso eliminar todos los equipos especiales del Ministerio Público, empezando por el de Lava Jato. El informe parlamentario no haría más que darle otra excusa para consumar lo que, a estas alturas, ya es una decisión tomada.
PUBLICADO EN EDICIÓN 752, AÑO 16. 02-10-2025
REVISTA: «HILDEBRAND EN SUS TRECE»