Del semanario «Hildebrand en sus Trece»
La operación “control de las elecciones” empezó esta semana con el despido de Piero Corvetto de la ONPE. Lo que se prepara es el menú del año 2000.
Mientras la cifra oficial de la población en situación de pobreza aumenta en el país y la presidenta Dina Boluarte se ausenta de sus labores para someterse a cirugías de rejuvenecimiento en el rostro, el fujimorismo y los grupos que controlan el Congreso han logrado consumar una fase decisiva del plan para capturar el sistema electoral.
En este golpe a la institucionalidad del país, el Parlamento ha jugado en pared con el Tribunal Constitucional (TC), el órgano supremo de interpretación y control de constitucionalidad. La fase final de este asalto, según diversos especialistas consultados para este informe, será manejar los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.
El martes último, en un pleno mermado por las salidas de Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificar a Piero Corvetto Salinas al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la autoridad máxima encargada de organizar y ejecutar los procesos electorales.
Corvetto, quien llevaba casi cuatro años como jefe de la ONPE, no obtuvo los cinco votos que necesitaba para ser ratificado en el cargo porque el abogado arequipeño Marco Tulio Falconí Picardo, quien ingresó a la JNJ a través de un fallo del TC en febrero pasado, votó en contra de su continuidad como cabeza del organismo electoral.
Marco Falconí juramentó en el cargo luego de que el TC declarara fundada una demanda de amparo presentada por él mismo contra la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la JNJ en 2019.
A inicios de 2020 dicha Comisión suspendió su juramentación como nuevo integrante de la JNJ luego de que el diario “El Comercio” revelara una serie de llamadas entre Marco Falconí y el prófugo exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, señalado como una de las cabezas de la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Además, la Comisión Especial recibió un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en el que se indicaba que Falconí había mentido al asegurar que tenía la condición de exlicenciado de las Fuerzas Armadas, lo que le valió recibir un puntaje adicional del 10 % durante el proceso de evaluación, cuando en realidad solo había cursado estudios secundarios en un colegio militar de Arequipa.
Falconí presentó una demanda de amparo contra esta decisión y el TC de linaje fujimorista se valió de este recurso legal para darle la razón y ordenar que prestara juramento como nuevo integrante de la JNJ.
En las elecciones de 2021 Falconí postuló al Congreso por la organización Podemos Perú, cuyo líder, el parlamentario José Luna Gálvez, fue precisamente uno de los promotores de la destitución e inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez de la JNJ. Luna, además, es investigado por la Fiscalía como parte de la organización criminal llamada “Los gánsteres de la política”.
En los hechos, con el ingreso de Marco Falconí a la JNJ, empezó la destrucción del organismo encargado de ratificar al jefe de la ONPE y que todavía tiene pendiente de resolver la propuesta de destitución por “causas graves” de la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas.
Diversos observadores coinciden en que si Tello y Vásquez hubieran votado como miembros de la JNJ, Corvetto habría sido ratificado en el cargo. Esto explica por qué era necesario, para la mafia congresal que ejerce el poder real, sacarlos del camino.
En marzo pasado Tello y Vásquez fueron suspendidos de sus funciones a raíz de un espurio proceso iniciado por el Congreso. La Primera Sala Superior Constitucional, sin embargo, declaró fundada una medida cautelar de los magistrados y resolvió que ambos fueran restituidos porque el Parlamento había afectado la “independencia y autonomía” de la JNJ.
Fue entonces cuando el Congreso presentó una demanda competencial ante el TC, así como un recurso ante la Corte Suprema.
El pasado 25 de abril, casi dos meses después de la juramentación de Marco Tulio Falconí, el Tribunal Constitucional declaró fundada la medida cautelar solicitada por el Congreso y ordenó suspender los efectos de la resolución judicial que había restituido a Inés Tello y Aldo Vásquez. Ambos se vieron obligados a salir nuevamente de la JNJ.
Ese fue el zarpazo final. La JNJ no ha logrado hasta ahora recomponer a sus siete integrantes debido a que los magistrados que debían ocupar las plazas vacantes se han negado a hacerlo argumentando que se trata de plazas generadas de forma inconstitucional.
El fujimorismo y sus aliados no podrían estar más satisfechos: bastaba con sacar a dos y manejar a un tercero para tener control sobre una disminuida JNJ. Corvetto, así, solo alcanzó los votos a favor de Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry. El “topo” Marco Tulio Falconí, como era de esperarse, votó en contra.
Esto quiere decir que la salida de Corvetto de la jefatura de la ONPE, a dos años de las elecciones presidenciales, es una consecuencia directa de las decisiones de un Tribunal Constitucional que, en la práctica, funciona como una extensión del Congreso que lo nombró.
Al cierre de esta edición, este semanario supo que Corvetto no presentará un recurso de consideración contra la decisión de la JNJ que lo sacó de la ONPE. Entregará el cargo el próximo 30 de agosto.
Desde la elección de Pedro Castillo como presidente de la República, Corvetto tuvo que soportar un hostigamiento sin precedentes, incluso ataques en público y agresiones físicas, por hacer respetar la voluntad popular, así como la independencia y autonomía de la ONPE, frente a las presiones del fujimorismo y de sus aliados de la ultraderecha que alegaban un supuesto “fraude en mesa” que nunca pudieron probar.
Corvetto jamás aceptó reunirse con ningún representante del fujimorismo o de sus aliados. Y se negó también a entregar los nombres de los miembros de mesa de los lugares donde Keiko Fujimori perdió la tercera elección presidencial de su carrera.
“Todo esto le costó el cargo”, afirma una persona cercana a Corvetto. “Claramente Piero (Corvetto) ha sido un escollo que ahora ya ha sido superado. La ofensiva del Congreso ha funcionado muy bien”, añade.
Durante su mandato, uno de los más complejos en la historia de la ONPE debido a la crisis sanitaria marcada por la pandemia del covid-19, Corvetto impulsó la protección de datos personales de los miembros de mesa, la instalación de más locales de sufragio en centros poblados del interior del país, especialmente en la serranía y en el sur del país, la capacitación de votantes de lenguas originarias, así como el derecho al voto de las personas trans y no binarias.
“Nuestro compromiso es que la gente vote. Lo que hay que proteger siempre es la voluntad popular”, solía repetir Corvetto a su personal.
Ahora, con su salida, se teme que todos los proyectos orientados a facilitar la votación de los electores de las zonas más alejadas, que fueron precisamente algunos de los lugares donde Fujimori perdió frente a Castillo, sean desactivados por la nueva administración.
La salida de Piero Corvetto se produce en un momento crucial para el país: a puertas del inicio de una serie de procesos y consultas populares que incluyen revocatorias de autoridades regionales y municipales, elecciones primarias, comicios generales, así como elecciones regionales y municipales.
A la fecha, son 27 los partidos políticos nacionales que se encuentran inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y hay otros 17 en proceso de lograr su inscripción para participar en las elecciones presidenciales del 2026. Esto hace prever a la ONPE que la cédula de votación será mucho más compleja que la utilizada en elecciones presidenciales anteriores.
Una ONPE contaminada por determinados intereses podrá actuar como lo hizo el ente electoral que Alberto Fujimori manejó a su antojo el año 2000. La salida de Corvetto hace temer lo peor.
“Depende, en gran medida, de la persona a la que vayan a nombrar como nuevo jefe de la ONPE. Lo más probable es que ahora intenten nombrar a alguien como el recordado Portillo del fujimorismo, alguien que sea asustadizo y manipulable”, dijo un alto funcionario de la ONPE a esta publicación.
Con la negativa de la ratificación, la JNJ deberá convocar a un concurso público cien días antes de la culminación del mandato de Corvetto, el cual deberá tener cuatro etapas de calificación: conocimientos, currículo, plan de trabajo y entrevista personal.
Una vez más se necesitan cinco votos para designar al nuevo jefe de la ONPE y, por ahora, no existe quorum para garantizar la elección.
Ese es el escenario que más se ajusta a los objetivos del fujimorismo y de sus aliados en el Congreso. De hecho, la congresista Gladys Echaíz, del partido de ultraderecha Renovación Popular, ya adelantó la posibilidad de que el Congreso pueda nombrar al jefe de la ONPE, en caso de que la JNJ no reúna los cinco votos requeridos para hacerlo.
Este es el plan más inmediato, pues el proyecto para eliminar la JNJ, que se discute en la Comisión de Constitución, propone que sea el próximo Senado el que elija a los jefes de la ONPE y del RENIEC.
En todo caso, con la salida de Corvetto, la coalición que maneja las riendas del país ya tiene el partido prácticamente ganado. Remover a la jefa del RENIEC, Carmen Velarde Koechlin, no es una prioridad, puesto que esta funcionaria ya tuvo acercamientos con el partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, según fuentes al tanto de estos contactos.
El próximo escollo es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas. El mandato de Arenas vence en noviembre de este año y, según fuentes cercanas a su despacho, Salas Arenas no tiene intenciones de reelegirse.
La elección del nuevo jefe del JNE estará a cargo de la Sala Plena de la Corte Suprema, cuyo titular, Javier Arévalo, fue recientemente condecorado con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Cruz por la investigada presidenta Dina Boluarte, cuya permanencia en el cargo depende del hampa parlamentaria.
Con la salida de Corvetto y Salas, y su posible reemplazo por personajes dóciles y sujetos a chantaje, el fujimorismo y sus socios políticos podrán controlar las elecciones generales del 2026. Controlar a la mexicana el conteo de votos es algo con lo que fujimorismo sueña hace mucho tiempo.
Si esto ocurre, como predijo la revista inglesa “The Economist”, el Perú pasará de ser un “régimen híbrido” a una abierta dictadura.
PUBLICADO EN LA EDICIÓN 685, AÑO 14 DEL SEMANARIO «HILDEBRAND EN SUS TRECE» (10/05/2024)