VISIÓN MACROSUR | ANÁLISIS POLÍTICO
El caso de Rafael López Aliaga pone sobre la mesa un debate que va mucho más allá de la Alcaldía de Lima: ¿pueden las autoridades utilizar mecanismos de sucesión para conseguir aquello que la Constitución prohíbe expresamente?
En el Perú, donde la corrupción ha erosionado durante décadas la confianza ciudadana en las instituciones, el respeto a las reglas constitucionales no puede quedar subordinado a las estrategias de los partidos políticos ni a las aspiraciones personales de quienes ejercen el poder.
La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante la Resolución N.º 4557-2026-JNE, que establece que un alcalde del periodo municipal inmediatamente anterior no puede volver a asumir la misma alcaldía mediante su inscripción como primer regidor y una posterior sucesión, abre un debate fundamental sobre la democracia y los límites del poder.
El caso tiene un protagonista conocido: Rafael López Aliaga, quien ejerció la Alcaldía de Lima durante el periodo 2023-2026 y posteriormente participó en las elecciones municipales de octubre de 2026 como primer regidor de Renovación Popular.
La controversia surgió porque, tras la renuncia del candidato de su agrupación a la alcaldía, se abrió la posibilidad de que López Aliaga pudiera volver a ocupar el sillón municipal mediante el mecanismo de sucesión.
Sin embargo, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 194, modificado por la Ley 30305, una disposición expresa: no hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular.
La pregunta resulta inevitable: si la Constitución prohíbe la reelección inmediata de un alcalde, ¿sería aceptable que este pudiera regresar al mismo cargo utilizando una candidatura a primer regidor?
El JNE ha respondido que no.
LA LEY NO PUEDE TENER UNA PUERTA TRASERA
El argumento de fondo es sencillo, pero de enorme trascendencia institucional: una prohibición constitucional no puede perder eficacia mediante mecanismos indirectos.
No se trata de impedir que una persona participe en política, ni de desconocer su derecho a postular a un cargo de representación municipal. Se trata de establecer que quien ya ejerció la alcaldía durante el periodo inmediatamente anterior no puede volver a ocuparla en el periodo siguiente mediante una fórmula de sucesión.
Hay una diferencia sustancial entre ser elegido regidor y recuperar la alcaldía.
Precisamente, el JNE ha establecido que la condición de primer regidor no habilita para asumir la alcaldía cuando existe el impedimento constitucional de reelección inmediata. Tampoco puede hacerlo por la renuncia, exclusión o tacha del candidato a alcalde, ni mediante los mecanismos posteriores de sucesión o reemplazo.
Este criterio no está dirigido exclusivamente a Rafael López Aliaga. Su aplicación comprende a todas las autoridades municipales del país que se encuentren en la misma situación.
EN UN PAÍS CON ALTOS NIVELES DE CORRUPCIÓN, LA ALTERNANCIA IMPORTA
El debate adquiere una dimensión mayor cuando se observa la realidad institucional peruana.
Nuestro país arrastra serios problemas de corrupción, cuestionamientos a la administración de los recursos públicos, investigaciones contra autoridades y una profunda desconfianza ciudadana hacia buena parte de sus instituciones.
En ese escenario, establecer límites al ejercicio consecutivo del poder municipal tiene una importancia que va más allá de una discusión electoral.
La alternancia permite renovar liderazgos, abrir espacios a nuevas propuestas y evitar que el ejercicio del poder se convierta en una posición de permanencia personal o de determinados grupos políticos.
Por supuesto, impedir la reelección inmediata no elimina la corrupción. Para combatirla también se necesitan fiscalización efectiva, transparencia en las contrataciones, control del gasto público y sanciones para quienes cometan delitos.
Pero las restricciones constitucionales deben respetarse. No pueden convertirse en obstáculos que se intenten sortear mediante interpretaciones convenientes.
Y aquí conviene precisar algo: la reelección, por sí misma, no significa corrupción. El problema aparece cuando se pretende utilizar mecanismos para evadir una prohibición constitucional expresamente establecida.
UNA DECISIÓN QUE TAMBIÉN GENERÓ DIVISIÓN DENTRO DEL JNE
La resolución tampoco fue unánime. Fue aprobada por mayoría de tres votos contra dos.
Los magistrados Martha Maisch y Aarón Oyarce expresaron su desacuerdo. Consideraron que no correspondía extender por interpretación los efectos de la prohibición constitucional a un supuesto que, a su juicio, no estaba expresamente contemplado. También cuestionaron el momento en que se estableció el criterio, cuando los ciudadanos ya habían acudido a las urnas.
Es una observación que merece ser examinada, especialmente desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones electorales.
Sin embargo, la posición mayoritaria sostiene que interpretar la prohibición únicamente desde la forma de la candidatura permitiría eludir su finalidad constitucional.
La discusión, por tanto, no es menor: ¿debe prevalecer una interpretación estrictamente formal de la candidatura o una interpretación que impida que los mecanismos de sucesión produzcan una reelección inmediata prohibida?
El JNE ha optado por la segunda interpretación.
EL CASO DE LIMA NO DEBE SER UNA EXCEPCIÓN
Otro aspecto importante es que esta decisión tiene alcance nacional.
No estamos hablando de una disposición creada exclusivamente para resolver el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El JNE anunció que aplicará el criterio en la revisión de las proclamaciones de resultados de las elecciones municipales de todo el país.
Esto significa que las autoridades provinciales y distritales que se encuentren en una situación equivalente también deberán someterse a la misma interpretación constitucional.
La regla no puede cambiar dependiendo del apellido del candidato, de la organización política a la que pertenece o de la importancia de la municipalidad que pretende gobernar.
La igualdad ante la ley exige precisamente eso: que las mismas disposiciones se apliquen a todos.
LA CONSTITUCIÓN POR ENCIMA DE LOS INTERESES PERSONALES
El caso López Aliaga deja una lección que merece ser discutida por la ciudadanía.
En democracia no existen autoridades indispensables, propietarios de cargos públicos ni organizaciones políticas con derechos especiales sobre las instituciones.
Los cargos municipales tienen un periodo definido, están sometidos a controles y deben ejercerse dentro de los límites que establece la Constitución.
La ciudadanía tiene derecho a elegir, pero también tiene derecho a que las reglas electorales se respeten. La voluntad popular debe expresarse dentro del marco constitucional, no convertirse en una justificación para desconocerlo.
El Perú necesita fortalecer sus instituciones y recuperar la confianza de los ciudadanos. Y eso comienza por algo elemental: que nadie esté por encima de la ley.
La Constitución no puede tener puertas traseras. Si la reelección inmediata está prohibida, no puede existir un camino alternativo para conseguirla. El poder es temporal, la democracia exige alternancia y las instituciones deben estar por encima de cualquier aspiración personal.
VISIÓN MACROSUR | Periodismo, análisis y reflexión.
Sustento documental de la nota
La redacción toma como referencia estos documentos y antecedentes:
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JNE: comunicado oficial sobre la Resolución 4557-2026-JNE. Es la fuente principal para explicar el criterio y su alcance.
Una precisión periodística: el pronunciamiento establece el impedimento para asumir la alcaldía, pero no significa que López Aliaga pierda automáticamente su condición de primer regidor. Además, al 7 de noviembre, la aplicación concreta al caso de Lima estaba pendiente de la proclamación correspondiente del JEE Lima Centro.
