VISIÓN MACROSUR | TACNA
Lo que debía ser una jornada de fiscalización para esclarecer los cuestionamientos al proyecto del Mercado Mayorista y Minorista San Pedro, previsto en los terrenos del Fundo Chololo, terminó convertido en un bochornoso enfrentamiento verbal entre el alcalde provincial Pascual Güisa Bravo y una delegación parlamentaria integrada por la senadora Guisella Ticona y los diputados Juan Cabrera y Svieta Fernández.
La visita realizada el lunes 2 de noviembre a la Municipalidad Provincial de Tacna tenía como propósito conocer las explicaciones de la autoridad edil respecto a las observaciones formuladas por la Contraloría sobre el procedimiento que permitirá desarrollar el proyecto mediante la modalidad de Proyectos en Activos.
¡ALCALDE PIERDE LOS PAPELES Y LOS LLAMA «ACCIDENTES POLÍTICOS»!
Uno de los momentos más tensos de la reunión se produjo cuando el alcalde Pascual Güisa perdió los papeles y lanzó una descalificación contra los parlamentarios, a quienes calificó de «accidentes políticos», haciendo alusión a la baja votación que habrían obtenido en las elecciones.
La expresión generó mayor tensión en una reunión que debía desarrollarse en un marco de respeto institucional. En lugar de concentrarse exclusivamente en las observaciones sobre el Fundo Chololo, el intercambio terminó trasladándose al terreno de los cuestionamientos personales y la representatividad política.
¿Desde cuándo la cantidad de votos obtenidos determina si un congresista tiene o no facultades para fiscalizar? La legitimidad de las funciones parlamentarias no depende de la votación individual de sus integrantes, sino del mandato constitucional y legal que ejercen.
¿TENÍA EL ALCALDE QUE RESPONDER INMEDIATAMENTE?
Aquí aparece una cuestión que merece una aclaración jurídica.
La visita parlamentaria fue una diligencia de fiscalización, pero no se trató de una comparecencia formal ante una comisión investigadora. El artículo 96 de la Constitución establece que los pedidos de informes a los gobiernos locales deben formularse por escrito y conforme al Reglamento del Congreso.
Por su parte, el artículo 97 establece la obligatoriedad de comparecer ante las comisiones encargadas de investigaciones parlamentarias cuando existe un requerimiento.
En consecuencia, el alcalde podía solicitar que las observaciones fueran formalizadas y responder con documentación sustentada, sin que ello significara desconocer la labor fiscalizadora del Congreso.
Pero también debe entenderse que una autoridad municipal tiene la obligación de actuar con transparencia y facilitar el acceso a la información pública.
EL VERDADERO PROBLEMA NO ES EL ALTERCADO, ES EL FUNDO CHOLOLO
La discusión no puede desviar la atención del asunto principal.
La Contraloría General de la República, mediante el Informe de Visita de Control N.° 035-2026-OCI/5352-SVC, advirtió que la transferencia de terrenos del Fundo Chololo se habría realizado sin contar con el expediente técnico definitivo, situación que podría comprometer la legalidad del procedimiento.
A ello se suman los cuestionamientos sobre las votaciones del Concejo Municipal que aprobaron las versiones del contrato y los riesgos económicos que podría afrontar la Municipalidad ante eventuales controversias.
Estamos hablando de terrenos que pertenecen al patrimonio público y de un proyecto que involucra decisiones administrativas y compromisos económicos que deben ser transparentes.
La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes participarán en el negocio, bajo qué condiciones, cuáles serán los beneficios para la Municipalidad y qué garantías existen para proteger el patrimonio de todos los tacneños.
NI EL ALCALDE ESTÁ POR ENCIMA DE LA FISCALIZACIÓN NI LOS CONGRESISTAS POR ENCIMA DE LA LEY
La fiscalización parlamentaria es necesaria, pero debe ejercerse con responsabilidad, respeto y conocimiento de sus atribuciones.
Del mismo modo, el alcalde no puede confundir la legitimidad de su elección popular con una autorización para descalificar personalmente a quienes buscan fiscalizar su gestión.
Si existen cuestionamientos a la forma en que los parlamentarios realizaron la visita, estos deben discutirse con argumentos jurídicos, no con alusiones a la cantidad de votos obtenidos.
Tacna necesita explicaciones, documentos y responsabilidades, no espectáculos políticos.
El Fundo Chololo no es propiedad de un alcalde, de un grupo de regidores, de congresistas ni de empresarios. Es patrimonio público y cualquier decisión sobre su utilización debe responder al interés de la población tacneña.
La pregunta que sigue pendiente es mucho más importante que el enfrentamiento ocurrido en la Municipalidad: ¿se está garantizando que este proyecto beneficie realmente a Tacna y proteja sus recursos públicos?
VISIÓN MACROSUR – Periodismo que investiga, informa y fiscaliza.
