La decisión fue adoptada con cuatro votos a favor y uno en contra. El caso podría llegar al Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá que evaluar los aspectos legales del procedimiento.
TACNA | VISIÓN MACROSUR
El escenario político y municipal de Pocollay suma un nuevo episodio de controversia. Este jueves 29 de octubre de 2026, el Concejo Municipal aprobó la suspensión del alcalde distrital Hugo Rubén García Mamani, en un procedimiento relacionado con una presunta deuda tributaria atribuida a la autoridad edil.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria realizada a las 7:00 de la mañana y obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra. La única regidora que votó en contra fue Verónica del Carmen Colquehuanca Chambilla.
El procedimiento fue promovido por Andrés Álvaro Coarite Laura, quien anteriormente también había presentado una solicitud de vacancia contra el burgomaestre.
UNA DECISIÓN QUE ABRE UN NUEVO ESCENARIO
La aprobación de la suspensión coloca nuevamente a la Municipalidad Distrital de Pocollay en el centro de la atención pública.
Sin embargo, existen aspectos que todavía necesitan ser esclarecidos. Hasta la publicación de los primeros reportes periodísticos no se había precisado públicamente el monto de la presunta deuda tributaria, los periodos involucrados ni el fundamento jurídico específico que sustentó la decisión de los regidores.
Estos elementos resultan fundamentales para determinar si la medida adoptada por el concejo se encuentra debidamente sustentada.
ANTECEDENTES: EL ALCALDE YA ENFRENTÓ UN PEDIDO DE VACANCIA
No es la primera vez que la autoridad municipal enfrenta un procedimiento promovido por Andrés Coarite.
En 2025, este último solicitó la vacancia de García Mamani por presuntas irregularidades relacionadas con restricciones a la contratación municipal y pagos de beneficios laborales.
El caso llegó al Jurado Nacional de Elecciones, que mediante la Resolución N.° 0430-2025-JNE declaró infundada la apelación y confirmó el rechazo de la solicitud de vacancia.
Es importante precisar que aquel procedimiento tuvo una causal distinta a la actual suspensión y no debe confundirse con el nuevo expediente.
¿QUÉ PASARÁ AHORA?
Uno de los puntos centrales será conocer el contenido del Acuerdo de Concejo que formaliza la suspensión y verificar si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972.
El Jurado Nacional de Elecciones podría intervenir si se presenta el recurso correspondiente, revisando la legalidad de la decisión municipal y el cumplimiento del debido procedimiento.
También será necesario conocer los argumentos de defensa del alcalde y la fundamentación individual de los votos emitidos por los regidores.
LA FISCALIZACIÓN MUNICIPAL NO PUEDE QUEDARSE EN UNA VOTACIÓN
El caso de Pocollay plantea interrogantes que merecen respuestas documentadas.
¿Cuál es el origen de la presunta deuda tributaria? ¿Qué documentos fueron presentados para sustentar la suspensión? ¿Qué argumentos expuso la defensa del alcalde? ¿Los regidores fundamentaron debidamente sus votos?
La ciudadanía tiene derecho a conocer las razones que sustentan una decisión que afecta la conducción de su gobierno municipal.
VISIÓN MACROSUR continuará siguiendo este caso, porque la transparencia, la fiscalización y el respeto a la legalidad deben ser principios fundamentales de toda gestión pública.
