El reciente fallo del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Daniel Urresti ha generado una ola de reacciones y críticas en todo el país. Sin embargo, más allá del impacto político y mediático, es clave precisar un punto central: la resolución no lo declara inocente del asesinato del periodista Hugo Bustíos.
El máximo intérprete de la Constitución anuló la condena de 12 años de prisión que pesaba sobre Urresti por el crimen ocurrido en 1988 en Huanta, Ayacucho, durante los años más cruentos del conflicto armado interno. La decisión se sustentó en argumentos de carácter constitucional, principalmente vinculados a la prescripción de la acción penal y al principio de legalidad.
Un fallo por forma, no por fondo
La sentencia del Tribunal Constitucional no revisa la responsabilidad penal desde la valoración de pruebas ni concluye que los hechos no hayan ocurrido. Lo que determina es que, bajo la legislación vigente al momento del crimen, el delito no podía ser considerado imprescriptible ni calificado como de lesa humanidad de manera retroactiva.
En términos jurídicos, el TC consideró que la condena vulneró garantías constitucionales, particularmente el principio que prohíbe aplicar normas penales más gravosas de manera retroactiva. Como consecuencia, la sentencia fue anulada y se ordenó la libertad inmediata del exministro.
No obstante, el fallo no contiene una declaración de inocencia ni una absolución por inexistencia de responsabilidad. Se trata de una decisión basada en aspectos procesales y constitucionales.
El caso Bustíos: una herida abierta
El asesinato de Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, ocurrió el 24 de noviembre de 1988 en Huanta. El periodista investigaba denuncias sobre violaciones de derechos humanos en una zona marcada por la violencia entre fuerzas del orden y grupos subversivos.
Tras un largo proceso judicial que se extendió por décadas, el Poder Judicial condenó a Urresti en 2023 como coautor del crimen. La reciente decisión del Tribunal Constitucional revierte esa condena, pero no borra el debate histórico ni la controversia en torno al caso.
Reacciones y debate nacional
La liberación de Urresti ha sido celebrada por sus partidarios, quienes sostienen que fue víctima de una persecución judicial. En contraste, organizaciones de derechos humanos y sectores del periodismo han advertido que la decisión podría sentar un precedente preocupante en materia de justicia para crímenes cometidos durante el conflicto interno.
Más allá de las posiciones encontradas, el país enfrenta nuevamente una discusión de fondo: ¿cómo equilibrar el respeto irrestricto al debido proceso con la necesidad de justicia en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos?
El fallo del Tribunal Constitucional ya es parte de la historia judicial del Perú. Pero la memoria del asesinato de Hugo Bustíos y la búsqueda de verdad y justicia siguen siendo una deuda pendiente para muchos.