Una nueva herida a la ya debilitada confianza ciudadana en las instituciones del Estado ha quedado expuesta. Ocho policías y dos trabajadores del banco BBVA han sido detenidos por protagonizar un caso escandaloso de corrupción que sacude a la región del Cusco.
La tarde del 29 de abril, una pareja de empresarios retiró 523 mil dólares de una agencia del BBVA en la avenida Garcilaso, en Wanchaq. Al salir, fueron interceptados por lo que aparentaba ser un operativo policial. Pero lo que se presentó como una acción legal fue en realidad una emboscada cuidadosamente planificada por agentes de la propia Policía Nacional del Perú (PNP), con complicidad desde dentro del banco.
Los supuestos defensores del orden utilizaron armas de reglamento, vehículos oficiales y hasta los recursos logísticos de la institución para montar un falso operativo con el pretexto de una investigación por lavado de activos. De los 523 mil dólares, solo 300 mil fueron registrados oficialmente en la comisaría de Wanchaq. Los 223 mil restantes desaparecieron.
Las investigaciones revelaron que las trabajadoras bancarias Kiara Chacón (jefa de operaciones) y Quilla Navarrete (cajera) habrían alertado a los policías sobre el momento exacto del retiro del dinero. Este dato fue clave para que los agentes planificaran y ejecutaran el asalto con precisión quirúrgica.
Cinco policías fueron detenidos en Juliaca y tres en Cusco. Entre ellos, figura personal activo del área de logística, y uno más se encuentra prófugo tras cruzar la frontera con Bolivia. Todos enfrentan cargos por robo agravado, falsedad genérica, peculado de uso y omisión de funciones.
Este hecho no es un caso aislado. Viene a engrosar una lista preocupante de delitos cometidos por agentes del orden, cuyo uniforme se ha convertido —en algunos sectores— en un disfraz para el crimen. ¿Cuántas veces más tendrá que vulnerarse la confianza ciudadana para que el Estado reaccione con firmeza?
Lo más grave no es el monto robado, sino el mensaje: la impunidad parece seguir viva, incluso dentro de las instituciones llamadas a combatirla.
La ciudadanía merece respuestas, pero sobre todo garantías. Es urgente una reforma profunda en los mecanismos de reclutamiento, control interno y rendición de cuentas dentro de la Policía Nacional. No basta con sancionar a los culpables; hay que prevenir que estas traiciones se repitan.
La justicia debe actuar con la misma contundencia que se espera de quienes portan un arma en nombre del Estado. De lo contrario, la delincuencia habrá ganado otra vez —esta vez, desde dentro.