N.R.- Reproducimos esta importante denuncia revelada por el Diario Caplina para el conocimiento de la ciudadanía
COMO AUTORIDAD NO PUEDE PRESTAR SERVICIO AL ESTADO POR NORMA
DATO: Escándalo podría revelar que se incurrió en el delito a sabiendas de que estaba faltando a la norma, lo que puede llevar a investigaciones en la misma entidad.
Documentación pública con la que se cuenta da a conocer que el consejero regional por Tacna, Prof. Aldo Wilfredo Ticona Apaza, estaría involucrado en un serio escándalo de contratación irregular. Los documentos registrados, durante el año 2023, el consejero habría brindado servicios a la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa con el alquiler de su camioneta de placa Z7O-903, vehículo que se encuentra registrado a nombre suyo y de su cónyuge, Deysi Miranda Aro, según la SUNARP.
Las órdenes de servicio en cuestión corresponden a los meses de febrero, abril y mayo del año pasado, con un monto total de S/ 13,000. Sin embargo, este hecho despierta serias dudas de legalidad, ya que el artículo 11, numeral “C” de la normativa vigente estipula que un consejero regional está impedido de contratar con entidades estatales dentro de su jurisdicción durante su mandato y hasta 12 meses después de concluir el mismo.
¿Favoritismo? Pese a este impedimento legal, funcionarios de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín habrían autorizado dichas órdenes de servicio, ignorando por completo las restricciones establecidas. Esto plantea preguntas inquietantes: ¿Existen intereses ocultos o favoritismos para beneficiar al consejero?
¿Fiscalización ausente? Lo que resulta más preocupante es el silencio de las entidades encargadas de supervisar estos actos. Ni la Oficina de Control Interno (OCI) de Gregorio Albarracín ni el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) parecen haber tomado cartas en el asunto. Además, el Consejo Regional, que tiene el deber de fiscalizar, ha guardado un mutismo absoluto ante este presunto acto irregular.
Este caso pone en entredicho la capacidad del consejero Ticona Apaza para cumplir con sus funciones de fiscalización. ¿Con qué autoridad moral podría continuar fiscalizando a otros si él mismo estaría vulnerando la normativa?
¿Y ahora qué? La ciudadanía exige respuestas claras y acciones contundentes. Es momento de que las autoridades correspondientes y los mismos consejeros regionales actúen con firmeza, esclarezcan este caso y adopten las medidas correctivas necesarias. La transparencia y el cumplimiento de la ley no deben ser negociables en un estado democrático.
FUENTE: DIARIO CAPLINA (6-12-2024)