El Congreso de la República vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por la pretensión de elevar el salario de los futuros diputados y senadores a más de S/34 mil mensuales, equiparándolos al de un juez supremo.
Actualmente, un congresista ya percibe un promedio de S/29 mil al mes entre sueldo base, asignaciones y beneficios. Con esta propuesta, el gasto anual del Parlamento podría superar los S/129 millones de soles.
Una cachetada al pueblo
La iniciativa ha generado indignación ciudadana. Mientras millones de peruanos sobreviven con un sueldo mínimo congelado en S/1,025, los legisladores discuten cómo engordar sus bolsillos. Analistas como José Cevasco calificaron la propuesta de “inapropiada e inoportuna”, señalando que en un contexto de desaprobación tan alta del Congreso, hablar de aumentos salariales es una burla a la gente.
División interna
Aunque algunos parlamentarios han salido a rechazar la medida —argumentando que es insostenible y que primero debería revisarse el sueldo mínimo—, la discusión avanza en las comisiones como si se tratara de un asunto prioritario para el país.
El costo político
Más allá de la viabilidad legal, el costo político de esta maniobra es evidente. Los congresistas parecen no medir la desconexión entre sus privilegios y la realidad del ciudadano común, que lucha día a día contra la inflación, la precariedad laboral y los bajos salarios.
En conclusión, esta pretensión de duplicarse el sueldo confirma lo que muchos peruanos sienten: un Congreso encerrado en sus propios intereses y de espaldas al pueblo. Mientras tanto, la indignación crece y la distancia entre representantes y representados se vuelve cada vez más insalvable.