En medio de una de las peores crisis de representación política que vive el país, el Congreso de la República, a través de su Comisión de Constitución, ha decidido avanzar con un dictamen que restablece la inmunidad parlamentaria a partir del año 2026. Esta medida, aprobada con el voto de congresistas de bancadas mayoritarias como Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Acción Popular, ha generado una ola de críticas desde diversos sectores ciudadanos, especialmente desde las regiones del sur del Perú.
Desde Tacna, Puno, Moquegua, Arequipa y Cusco, el sentir es claro: los congresistas legislan pensando en sí mismos, no en el pueblo que los eligió. Mientras en las calles del sur se exige justicia, desarrollo, atención al agro, lucha contra la inseguridad y soluciones reales para las brechas sociales, en el Congreso los temas prioritarios parecen ser los beneficios personales y los blindajes ante la justicia.
🧩 Una medida impopular que revive la impunidad
La inmunidad parlamentaria no es nueva en el Perú. Durante décadas fue utilizada como escudo por congresistas involucrados en delitos graves, desde corrupción y lavado de activos hasta violencia familiar. Esa figura fue finalmente eliminada en 2021, tras una fuerte presión ciudadana que consideró que el Congreso debía ser transparente, accesible a la justicia y no una «isla de privilegios».
Sin embargo, el actual Parlamento, desprestigiado y con niveles de desaprobación superiores al 90%, pretende devolver este privilegio a sus integrantes con el pretexto de “proteger la función legislativa”. Lo cierto es que el dictamen aprobado permitiría que un congresista no pueda ser investigado ni detenido sin autorización del propio Congreso o de la Comisión Permanente, una fórmula que ya conocemos: autoprotección institucional.
🗣️ ¿Quién representa a las regiones?
Esta decisión genera más indignación en las regiones del sur, donde históricamente se ha sentido el abandono del poder central. En Puno, donde comunidades enteras esperan justicia por las muertes ocurridas en las protestas sociales; en Moquegua y Arequipa, donde el desarrollo minero ha traído más conflictos que beneficios; en Tacna, donde las promesas de descentralización y apoyo al comercio siguen siendo solo palabras… la reacción es una sola: indignación.
Los congresistas que apoyaron este dictamen no consultaron a sus electores, no hicieron audiencias públicas, no buscaron consenso ciudadano. Legislaron desde sus curules en Lima, como si el Perú fuera solo la capital, ignorando que las regiones también tienen voz, historia, memoria y dignidad.
🧠 Una reforma a medida, no para el país, sino para el poder
El hecho de que esta restitución de inmunidad se proponga recién para el 2026 evidencia el cálculo político detrás de la medida. Es una reforma hecha con bisturí electoral: no afectará a los actuales congresistas, pero sí a los futuros. Es una especie de herencia tóxica que blindará a quienes busquen llegar al Parlamento con intereses personales, sabiendo que podrán protegerse bajo el paraguas de una inmunidad que los aleja de la justicia.
¿Dónde queda la promesa de acercar el Congreso a la gente? ¿Dónde quedan los discursos sobre ética y transparencia?
🔴 El sur no olvida, el sur exige
Desde el sur del país, decimos no al retorno de la inmunidad parlamentaria. No por capricho, sino por convicción democrática. Porque creemos que quien llega al Congreso debe estar más expuesto a la fiscalización ciudadana, no menos. Porque sabemos que los pueblos no necesitan más congresistas blindados, sino autoridades comprometidas, honestas y dispuestas a rendir cuentas.
Hoy, más que nunca, el sur exige reformas verdaderas, que partan del respeto a la ciudadanía y no de los privilegios del poder. Los congresistas deben entender que ya no representan una élite intocable. La historia reciente del país —y particularmente la del sur— ha demostrado que cuando el pueblo despierta, el poder tambalea.