El expresidente de la República y su esposa han sido condenados por lavado de activos vinculados al financiamiento ilegal de su campaña del 2011. La sentencia marca un hito judicial en el país, pero también evidencia las fracturas morales de la política peruana y el oportunismo del sistema de justicia.
Un hito judicial, una sentencia histórica
Después de más de diez años de investigaciones, audiencias, postergaciones y estrategias legales para dilatar el proceso, finalmente se conoció la sentencia: 15 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón, hallados culpables del delito de lavado de activos agravado por haber recibido financiamiento ilegal para la campaña presidencial del 2011.
El fallo, emitido por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, representa la primera condena en Perú contra un expresidente por el caso Lava Jato. Un escándalo que sacudió los cimientos políticos de América Latina y que en Perú arrastró a casi toda la clase política dominante del siglo XXI. Pero más allá del titular judicial, esta sentencia debe leerse como un espejo incómodo del país: no solo refleja lo que hicieron los condenados, sino lo que el sistema permitió, toleró y hasta alentó.
La política financiada por el crimen organizado
La llegada de Humala al poder en 2011 fue vista por muchos como un giro a la izquierda moderada, un proyecto nacionalista que prometía dignidad, redistribución y soberanía. Sin embargo, según la sentencia, su campaña estuvo financiada por dos fuentes turbias: por un lado, el chavismo venezolano, en plena expansión ideológica; por otro, Odebrecht, la multinacional brasileña que corrompió a políticos desde México hasta Argentina.
Lo más escandaloso no es solo que recibieron el dinero, sino que lo hicieron ocultándolo, maquillándolo con aportes ficticios y cuentas fantasmas. El partido Nacionalista, que se jactaba de representar al pueblo, estaba en realidad al servicio de intereses foráneos y empresariales. Y el rol de Nadine Heredia, lejos de ser decorativo, fue central en la trama: según la fiscalía, fue ella quien articuló la ruta del dinero, manejó los fondos y lideró la estrategia de camuflaje.
La justicia que castiga al caído, no al corrupto
Si bien la sentencia parece ejemplar, hay que preguntarse: ¿por qué llega recién ahora? ¿Por qué se permitió que los implicados postularan, gobernaran y se pasearan por los medios sin ser sancionados en su momento? El caso de Humala y Heredia es la muestra más clara de una justicia que no actúa cuando debe, sino cuando conviene; una justicia que no es ciega, sino calculadora.
Hoy, la pareja ya no tiene capital político ni alianzas que los respalden. El Partido Nacionalista está en ruinas. Y eso, inevitablemente, facilita que se conviertan en el “chivo expiatorio” del sistema. Pero mientras ellos son condenados, otros actores —igual o más comprometidos— siguen impunes: Keiko Fujimori, con múltiples investigaciones abiertas; Alan García, que se llevó sus secretos a la tumba; Pedro Pablo Kuczynski, que goza de arresto domiciliario; Alejandro Toledo, extraditado pero sin condena firme.
¿Y el dinero? ¿Y la democracia?
Otra gran pregunta que queda es: ¿dónde está el dinero? Los más de 3 millones de dólares que Odebrecht reconoció haber entregado no han sido recuperados. ¿De qué sirve entonces una condena si el Estado no resarce el daño causado? ¿Cuánto cuesta una campaña que termina hipotecando el futuro de un país entero?
Más allá del ámbito penal, el caso Humala-Heredia también es una herida para la democracia peruana. Porque fue gracias a ese dinero ilegal que se logró manipular la voluntad popular, financiar propaganda, movilizar estructuras partidarias y derrotar a sus rivales. La voluntad del pueblo fue adulterada desde el inicio, y eso es, tal vez, lo más grave.
Nadine: el poder desde las sombras
El papel de Nadine Heredia merece una mención especial. Durante el gobierno de su esposo, fue la figura central, omnipresente, decisiva. Para muchos, fue ella quien realmente gobernó. Y ahora, la justicia confirma que también fue la arquitecta del esquema de lavado. En una sociedad patriarcal como la peruana, esto generó una mezcla peligrosa de misoginia y odio, pero también evidencia de que el poder no entiende de géneros: corrompe a todos por igual.
Reflexión final: condenar no es limpiar
La sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia es un paso. Importante, sí. Pero insuficiente. Porque si queremos limpiar de verdad el sistema político, no basta con condenar a los que ya no están. Es necesario actuar con firmeza, con celeridad, y sin favoritismos.
Mientras tanto, la ciudadanía observa, cansada y escéptica. Porque ha visto pasar presidentes, campañas, promesas y sentencias… pero no ha visto justicia real. No ha visto reformas profundas. No ha visto verdad.
Y tal vez ahí esté la clave: más allá de la cárcel, lo que Perú necesita es una justicia que no llegue cuando el poder se extingue, sino cuando la corrupción nace. Solo así se podrá reconstruir la fe en la política y, sobre todo, en la justicia.